I

Los partidarios de las reformas estructurales están exultantes. Por fin una reforma del nivel que pedían desde hace tiempo. El gobierno de Rajoy sí que está a la altura de lo que piden los neoliberales; no le tiembla el pulso a la hora de aplicar medidas impopulares ni de poner firmes a los asalariados. Salvando las distancias, estamos en una situación que rememora viejos tiempos, los del Bienio Negro de la Segunda República, con una derecha dispuesta a demoler todas las reformas progresistas y, en especial, a poner de rodillas a las clases trabajadoras. Más o menos lo que hicieron tres décadas atrás Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que al fin y al cabo son el modelo en el que se ha orientado la derecha española.

La reforma laboral es uno de los ladrillos importantes de este proyecto reaccionario. No es tampoco sorprendente el apoyo de los líderes internacionales al proyecto, puesto que estos participan mayoritariamente de la misma visión del mundo y de los mismos intereses que el gobierno actual (y buena parte del anterior). No se podía esperar otra cosa de gente convencida de que los mercados solo funcionan adecuadamente allí donde los asalariados no tienen capacidad de acción colectiva y los derechos de los empleados se reducen a poco más que recibir un salario en compensación por las horas que son contratados. De gente que ha hecho un esfuerzo político, cultural y propagandístico para expulsar del debate público (y del académico) cualquier referencia a las desigualdades estructurales características de las sociedades capitalistas y para reducir el debate económico al tramposo tema de la competitividad. Han conseguido sacar de plano la lucha de clases y han trasmutado la rivalidad capitalista en una especie de inocua competición deportiva. Por esto ahora se atreven a presentar las reformas estructurales como meras soluciones técnicas y los planes de ajuste como sacrificios inevitables. Sin replantear el contexto, la reforma laboral era una cuestión cantada.

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Uno de los mayores peligros que amenaza a las fuerzas revolucionarias, sobre todo a las independentistas, es aceptar el tópico de que la “crisis española” es casi exclusivamente económica, como se ve en esos más de 5 millones de parados que pueden llegar a seis, en el derrumbe financiero-inmobiliario, en la impagable deuda privada y pública, en la economía sumergida que supera el 24% y que se dispara en verano, en el fraude fiscal y la corrupción, en ese dato oficial del 25% de la población ya empobrecida, y en esas 500.000 familias que serán desahuciadas de aquí a 2015,  etc. Decimos que reducir la crisis estatal a lo económico es uno de los mayores peligros, porque semejante reduccionismo nos impide ver otras crisis más o menos relacionadas con lo económico pero con una clara autonomía dentro de la totalidad. Al no ver las partes del todo, tampoco vemos éste en sus contradicciones internas y por tanto en sus grandes tendencias evolutivas. Semejante ceguera puede condenarnos a repetir los mismos errores cometidos en la década de 1970, cuyas consecuencias  aún sufrimos.

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