Juan Carlos de Borbón nos tomó a todos por sorpresa a primera hora de la mañana del lunes anunciando la abdicación de la Corona. Muy probablemente es verdadera la versión oficial, según la cual se trata de una decisión tomada hace meses, y en cuyo secreto estaban sólo los muy allegados a la Casa Real, Rajoy y Rubalcaba. La abdicación estaría, así pues, concebida por ese pequeño cenáculo, por lo pronto, como un primer movimiento de pieza destinado a recomponer parcialmente, y hasta donde se pueda, los fenecidos acuerdos básicos que configuraron el arco político dinástico de la Transición (UCD, PSOE, PCE-PSUC –luego IU/ICV—, AP –luego PP—, CiU y PNV y otras formaciones regionales menores). Y más perentoriamente aún, a encarar algunas reformas constitucionales que les permitan enfrentarse con alguna perspectiva mínimamente razonable de negociación al masivo desafío soberanista catalán, que tiene citas decisivas con la calle y con las urnas el 11 de septiembre y el 9 de noviembre próximos.  Y a partir de ahí, acaso comenzar una «segunda Transición» –también protagonizada y controlada por las elites— capaz de revertir la manifiesta crisis de la Segunda Restauración e insuflarle un nuevo soplo de vida.

Pero sólo los necios –y el lumpen académico conspiracionista o estructuralista— pueden creer que las elites, además de ser malísimas, no cometen nunca errores políticos de bulto. ¿Lo es la jugada de la abdicación? Seguramente no, en el sentido en que en el ajedrez no se consideraría necesariamente una mala jugada un «movimiento forzado». Pero en política los tiempos y los ritmos tienen un papel mucho más importante que en los juegos de mesa de información perfecta. Y el movimiento forzado de la abdicación no se ha producido en el momento idóneo fantaseado (justo después de las elecciones europeas, para que no pasara factura política electoral a sus valedores e ideadores, y con tiempo por delante para encarar de otra manera el vértigo catalán). Sino tras el resultado electoral inesperadamente catastrófico cosechado por el bipartidismo dinástico, cuya primera consecuencia fue la defenestración política de Rubalcaba, arteramente aplazada unas semanas. Todos los indicios apuntan a que la decisión de que el anuncio se produjera precisamente el lunes fue tomada con ciertos nervios y vacilaciones de última hora, que explicarían la impresión de improvisación comunicada a la opinión pública, así como la incomprensible «cantada» protocolaria de que fuera Rajoy, y no el propio rey, quien compareciera primero ante los medios de comunicación.

El momento no resulta precisamente oportuno para los desacreditados intereses de quienes necesitan perpetuar con afeites amañados en secreto el lamentable statu quo presente.

No es un buen momento, por lo pronto, para el propio Príncipe de Asturias, quien, de tener éxito la delicada maniobra sucesoria, comenzará su reinado teniendo que pechar con los numerosos flecos todavía sueltos del sinnúmero de escándalos protagonizados estos últimos años por la Familia Real, singularmente el del caso Noos de Urdangarín y su esposa, la Infanta Cristina (hermana del heredero al Trono). Por si fuera poco, el inexperimentado heredero, que apenas tenía uso de razón cuando se forjaron las viejas complicidades tejidas por el famoso tranquil, Jordi, tranquil del 23F de 1981, tendrá que comenzar su reinado lidiando nada menos que con el bravísimo proceso democrático soberanista catalán en curso, ese inadvertido iceberg político en que ha terminado dando el fastuoso Titanic de la Segunda Restauración borbónica.  Bien es verdad que ningún momento sería aquí suficientemente bueno del todo, y que algunos esperarán jugar la carta de que el nuevo capitán del Titanic es también Príncipe de Girona…

No es buen momento, desde luego, para los pasajeros de primera clase de ese Titanic. Precisamente cuando las elecciones europeas acaban de hacer patente el desplome del bipartidismo dinástico, muro principal de carga del criminógeno cártel formado por las grandes empresas del Ibex, los grandes grupos mediáticos de comunicación y buena parte de dirigentes y exdirigentes de PP, PSOE, CiU y PNV, anchas puertas giratorias mediante: un cártel enseñoreado del capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos en que terminó fraguando la economía política de la Transición y al que el estallido de la crisis capitalista mundial y su pésima gestión por parte de la UE ha puesto patas arriba provocando un inaudito sufrimiento entre la población trabajadora española.

Pero no es buen momento, sobre todo, para un PSOE más hundido electoralmente que nunca, totalmente desnortado ideológico-políticamente y harto desvencijado organizativamente. Su secretario general, Rubalcaba, se había visto precisamente forzado a anunciar su «abdicación» de mala manera unos días antes que el monarca, aunque para hacerla efectiva después de él. Las razones resultan ahora evidentes: había que paralizar cualquier reacción de los barones territoriales y del grupo parlamentario socialista en el proceso sucesorio, que no por constitucional es menos antidemocrático. Y es evidente que muchos socialistas han empezado a comprender tras las elecciones europeas –unos de buena fe, otros porque a la fuerza ahorcan— que la única alternativa a la «pasokización» irreversible del PSOE es un giro drástico y creíble a la izquierda. ¿Qué harán ahora, en el momento crítico de esta inoportuna sucesión monárquica? ¿Aparecer coram populo como parte esencial de una «casta» empeñada en arrebatar a todos los pueblos de España, y no solo al catalán, el «derecho a decidir», votando en las Cortes con el PP y con la UPyD la Ley orgánica ad hoc que necesariamente tendrá que regular esta sucesión hereditaria? La única voz disidente en la dirección socialista –más allá de las posturas de las Juventudes Socialistas e Izquierda Socialista— ha sido la de Eduardo Madina, quien, tras reafirmar su «republicanismo», ha asegurado con ingenuidad digna de mejor causa que el voto positivo de su grupo parlamentario a la Ley Orgánica no cerraría el debate sobre la forma de Estado en una reforma constitucional posterior. Siendo realistas, lo que verosímilmente cerraría para siempre es la credibilidad de cualquier eventual giro del PSOE a la izquierda en su Congreso de julio.

¿Y qué hará la UGT? Las primeras declaraciones de Candido Méndez han sido para exigir una reforma constitucional en su momento sobre el reparto territorial y las consultas directas a los ciudadanos. Preguntado sobre la república, Méndez afirmó que UGT no la plantearía, pero que en caso que surgiese la cuestión (¿?) su sindicato es una fuerza republicana. El tiempo para reaccionar es muy, muy corto. Al menos, CCOO ya ha emitido un rápido comunicado sumándose lacónicamente a las voces que exigen un referéndum constitucional.

Recuérdese que una Ley orgánica –desarrollo de la Constitución— exige no solo  mayoría absoluta (que ahora mismo la tiene todavía el PP en las Cortes), sino además, por razones de legitimidad política, que la mayoría favorable sea holgadísima, como de 2/3 cuando menos, y que no haya una oposición muy evidente en el tercio restante. ¿Cómo podrían votar a favor o incluso abstenerse CiU y PNV, como han anunciado, después de la prohibición de la consulta catalana?  Por lo demás, el pacto en la sombra entre Rubalcaba, Rajoy y la Corona, para ser efectivo y no una simple maniobra para salir del paso, tiene que abrir perspectivas para una reforma constitucional controlada que ofrezca la negociación de una formula territorial mínimamente razonable a CiU, y aunque vaya ya con mucho retraso, que aparezca inmediatamente como una alternativa plausible a lo que la prensa ha venido llamando el «choque de trenes» de la Diada el 11S y de la consulta de autodeterminación el 9N. Ésta y no otra parece ser la explicación del voto afirmativo empeñado hoy por CiU. Y asalta inmediatamente la pregunta: ¿a qué coste mantendrá ERC su apoyo al gobierno de la Generalitat con la sola justificación de no entorpecer los preparativos de la Diada y la Consulta? ¿Y cuánto tiempo seguirá callada la ANC ante la complicidad de CiU con el proceso sucesorio español?

Por motivos obvios, el cenáculo que ha diseñado esta especie de golpe constitucional para iniciar la farsa de una segunda Transición demediada no puede ir a una reforma constitucional que exija referéndum. Es decir, sus reformas no podrían tocar, según el art. 168, ni el Titulo Preliminar, ni el I ni el II. A la espera de descubrir el trapichero artilugio jurídico que se prepara, parece casi imposible ofrecer nada razonable a CiU –incluso a Durán— que no pase por tocar esos Títulos de la Constitución del 78. Así pues, Rajoy y Rubalcaba se enfrentan a un verdadero dilema: o abandonar toda idea de reforma constitucional, o someter las acometidas a referéndum. Y Más y Durán, a la de aceptar como buena una promesa insustanciada para salvar el régimen que llevó al Tribunal Constitucional la reforma del Estatut aprobada por el pueblo catalán o seguir acompañando el proceso democrático soberanista.

Es verosímil la conjetura de que el Rey haya anunciado a toda prisa su intención de abdicar –en vez de esperar, por ejemplo, todavía unas semanas a que amainara la tormenta de las europeas— pensando que se agotaba el tiempo en el que el PSOE de Rubalcaba podría aún perpetrar in extremis et in angustis, antes de iniciarse la desbandada, una última deshonra  a esta patria de la que tanto se llenan todos las bocazas y no dejar sólo y desairado al PP en la votación de la Ley sucesoria redactada por el gobierno.

Por eso se trata de una abdicación humillante: para el propio rey, desde luego. Pero sobre todo para el PSOE, si es que sus miles de militantes de verdad socialistas y de verdad republicanos no consiguen ser capaces de impedirlo. Porque el paisaje «reformador» que veríamos después del trámite parlamentario de la Ley orgánica no podría ser más desolador: el otrora poblado arco político dinástico, reducido ahora apenas a un PP en horas bajas y a un PSOE pasokizado desde arriba, desventrado y desangrado por el estúpido harakiri de un Rubalcaba que lo que único que de verdad aprendió en la escuela de Felipe González es el siniestro arte «político» de llevar a las gentes hacia donde de ninguna manera quieren ir.

Mientras tanto, las plazas se llenan de ciudadanos indignados que se niegan a jugar el papel de comparsas en el triste carnaval de la Coronación. IU, ICV-EUiA, ANOVA, Podemos, Equo-Compromís, el BNG y distintas fuerzas y organizaciones de las izquierdas sociales han llamado inmediatamente a luchar por la convocatoria de un referéndum en ejercicio del «derecho a decidir» de todos los ciudadanos del Reino de España. No tardarán en secundarlas otras: la cosa no ofrece duda. La erosión de legitimidad del régimen constatada recientemente en las urnas se hará aun más irreversible en medio de la ruborizante campaña mediática pelotillera ad maiorem regis gloriam a la que asisten estupefactos los distintos pueblos de España.Hasta las elecciones municipales y autonómicasde mayo de 2015, cuando las gentes hartas de tanta y tan grosera manipulación en su nombre puedan por fin expresarse en las urnas a favor de las fuerzas del gran bloque republicano político-social que se anuncia.

Es más, puestos a jugar esta partida de ajedrez a que se nos fuerza, ¿qué sentido tendría para IU seguir siendo la peana sobre la que se levanta el poder de Susana Díaz, nuevo factotum del PSOE en el gobierno autonómico andaluz, una vez se ha hecho hoy pública su participación en la conspiración de los poderosos para negar al pueblo andaluz que pueda hacer oír su voz en esta cuestión democrática esencial? IU debe plantearse muy seriamente provocar unas elecciones anticipadas en las que el pueblo andaluz pueda expresarse inmediatamente en esta crucial disyuntiva entre la pseudoreforma taimada del régimen o la apertura de un proceso democrático constituyente

Pase lo que pase, los republicanos españoles siempre tendrán que agradecer al pueblo catalán la inestimable ayuda democrática prestada en este final de tragicomedia chabacana de la Segunda Restauración. Pero queda a los demócratas catalanes –también en provecho propio— un último esfuerzo por realizar, acaso el más difícil y delicado: acompasar republicano-fraternalmente y sin tardanza su justa lucha por el «derecho a decidir» del pueblo catalán con la lucha por el «derecho a decidir» de todos los pueblos de España. Ojala sepamos todos estar a la altura de las circunstancias. Porque, como dice el refrán chino que tanto le gustaba a Hobsbawm, no se nos ahorrará vivir en «tiempos interesantes».

Antoni Doménech es el editor de SinPermiso. Gustavo Buster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

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