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“La crisis política en Argelia: crisis de régimen y hegemonía”: Hocine Belalloufi

La crisis política que sacude Argelia en estos momentos no ha caído del cielo. Se inscribe en la continuidad de una crisis anterior que profundiza y viene a coronar: la crisis del régimen. Todo indica que el régimen político actual llega a su fin. La promesa de Bouteflika de una Conferencia nacional inclusiva abierta a todas las fuerzas, una vez reelegido por un nuevo mandato de cinco años, muestra que el poder mismo ha tomado conciencia que su régimen ya no corresponde a los intereses de las fuerzas sociales dominantes, que no puede ser mantenido en el estado actual y debe cambiar. Pero intenta una nueva maniobra con la esperanza de controlar el inevitable proceso de cambio, como en el pasado, particularmente después de octubre de 1988.

El momento del cambio ha llegado. Pero se plantean múltiples preguntas. La primera es saber si el cambio acontecerá o si el país recaerá bajo el yugo de una dictadura. La segunda pregunta es cómo se producirá este cambio. ¿Con lágrimas y sangre o sin muchos sobresaltos y desperfectos? ¿Por medio de un golpe de fuerza en el interior del poder o a través de la movilización popular? ¿O ambas a la vez? ¿A qué puede conducir este cambio? Son todas estas cuestiones las que hace falta aclarar, prestando atención a la lucha que se libra entre las diferentes fuerzas sociales en la escena política, sin tener la pretensión de aportar respuestas definitivas porque la situación política es altamente volátil.

EN LOS ORÍGENES DE LA CRISIS

Comentario sobre la crisis del régimen

La crisis del régimen, que se prolonga después de largos años, se manifiesta por una crisis de representación caracterizada en primer lugar por una desafección popular masiva en el plano electoral. Según las cifras oficiales de participación -infladas sistemáticamente- hubo un 50,7% de votantes en la última elección presidencial de 2014 mientras que en 2009 fue del 74,56%. Entre las dos elecciones, el candidato Abdelaziz Bouteflika perdió 4,5 millones de votos. Sin embargo, la coalición presidencial (Frente de Liberación Nacional-FLN, Reagrupación Nacional para la Democracia-RND, Movimiento Popular Argelino-MPA y Tadjamoue Amal Al Djazair-TAJ) , sus satélites patronales (Forum de empresarios-FCE) y obreros (Unión General de Trabajadores Argelinos-UGTA), el gobierno y la administración monopolizan, en particular gracias a las televisiones públicas, una vida política atónita en la que toda oposición es marginalizada. Más allá de la clientela del régimen, la mayoría de argelinos no votan. Unos cuantos millones de ellos, particularmente los jóvenes, no están ni siquiera inscritos en las listas electorales.

Las principales instituciones “electas” no reflejan los resultados electorales. La presidencia del Consejo de la Nación (el Senado) y el puesto de Primer Ministro recaen respectivamente en Abdelkader Bensalah y Ahmed Ouyahia, dos dirigentes de un partido minoritario, la RND. Las elecciones al Senado de diciembre de 2018 fueron el teatro de un fraude masivo entre partidos “aliados” de la “mayoría presidencial” en beneficio del FLN y su presidente de honor Abdelaziz Bouteflika.

El golpe contra el presidente de la Asamblea Popular Nacional (APN), Said Bouhadja, en octubre de 2018 confirmó la falta de credibilidad institucional, con su expulsión ilegal a manos de los esbirros de su propio partido (FLN) y los de formaciones de la “coalición presidencial”. El Primer Ministro Ahmed Ouyahia se calzó las botas de Bismarck para la ocasión afirmando que “la fuerza prevalece por encima de la Constitución”.

Pero la crisis ha alcanzado al principal partido del poder, el FLN. En noviembre de 2018, en medio de la mayor opacidad, el Secretario General y la dirección del golpe fueron destituidos, no por el voto de sus “dirigentes” sino por decisión de la presidencia de la República. El partido se encuentra desde entonces en plena “reorganización” y esto se produce en vísperas de las elecciones de abril próximo.

Los partidos de la oposición no se salvan de la desafección general. Todas sus tendencias viven de las crisis orgánicas recurrentes y apenas convencen y movilizan. Lo mismo sucede con los sindicatos y organizaciones patronales.

La mayoría de los argelinos no cree en la posibilidad de una alternancia política en el marco del régimen actual. Los islamistas radicales que conquistaron el corazón de una parte importante de la población en los años 1980-1990 ya no son creíbles políticamente, pero ninguna otra fuerza ha conseguido ocupar el espacio dejado por ellos.

Iniciado hace exactamente 20 años, el reinado de Bouteflika ha estado acompañado por una impresionante e incesante serie de escándalos: tráfico de cocaína, casos de corrupción inmobiliaria, las grandes obras públicas (autopista este-oste) y la entrega de mercados nacionales a las multinacionales extranjeras (diversos negocios: Sonatrach-ENI-Saipem), el caso Khalifa de dilapidación de recursos públicos en favor de una sociedad montada por un golden-boy, privatizaciones a precio simbólico… La lista de escándalos es demasiado larga para desgranarla aquí pero todos tienen en común el hecho de tener como protagonistas a miembros de la nomenklatura (ministros, responsables de la policía y del ejército…) y/o sus hijos y la nueva clase burguesa sin escrúpulos.

Muchos argelinos consideran la corrupción como una simple deriva respecto a una norma abstracta, religiosa o laica, que dicta no robar. El fenómeno es abordado de este modo en su dimensión meramente moral. Esta visión moralista espontánea se consolida con el discurso consciente de los ultraliberales de la oposición que nos cuentan la fábula de un capitalismo sin corrupción donde cada uno tendría lo que se merece. Un capitalismo “bueno” que puede existir en otro lugar, pero no en Argelia. Solo hace falta seguir la actualidad mundial para darse cuenta que ningún país se salva de la corrupción (EEUU, la UE, Japón, Corea del sur, Brasil…) y que ciertos Estados “respetables” son incluso especialistas en el reciclaje del dinero que esta origina: Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Panamá y otras islas no tan vírgenes. Porque la corrupción no es una desviación. Al contrario, representa una necesidad objetiva para las clases pudientes, condenadas a competir permanentemente entre ellas para preservar su parte del mercado, adquirir nuevos sectores, aumentar sus negocios, apartar sus competidores y librarse del fisco que recauda su dinero para construir carreteras, escuelas, hospitales… La corrupción constituye un sistema o forma parte de uno, más exactamente del sistema capitalista.

En Argelia, la corrupción ha jugado un rol histórico particular a lo largo de los últimos 40 años. Junto a las leyes de desmantelamiento del sector público, la corrupción ha contribuido a desposeer al pueblo argelino de lo que formalmente le pertenecía jurídicamente a través de la propiedad pública: empresas, superficie agrícola y urbana, bienes mobiliarios e inmobiliarios… Ha contribuido al expolio que ha supuesto la privatización del comercio exterior. No se trata de un accidente, menos aún de un error o desviación, sino de un proceso necesario para permitir a una minoría ilegítima acumular capital mientras que la mayoría de la población soportaba un proceso de proletarización obligándole a vender su fuerza de trabajo para vivir. Esta dimensión de la corrupción no se le ha escapado a la población que ha entendido bien la relación que se establecía entre el poder y la riqueza.

De este modo, hemos asistido a una concentración de poderes y a un aumento concomitante del autoritarismo. El poder ejecutivo ha sido reforzado considerablemente en el curso de los mandatos de Bouteflika. El carácter hiper-presidencialista de la constitución, tallada a su medida, y la aparición de un culto a la personalidad desmesurado y grotesco no derivan únicamente de la megalomanía legendaria del personaje. Expresan más bien la necesidad objetiva de concentrar el poder alrededor de una persona para unificar las diferentes facciones e imponer políticas impopulares o que no cuentan con un consenso amplio en el seno del poder. Este fue, a título de ejemplo, el caso de la cuestión amazigh, con el reconocimiento de la lengua bereber como lengua oficial y la instauración de una Academia nacional de la lengua amazigh…, que Bouteflika decidió, bajo la presión de las masas, aunque no existía un consenso en los centros del poder sobre esta cuestión. Lo mismo sucedió con ciertas cuestiones económicas y sociales: privatizaciones, subvenciones de los precios de productos de consumo popular, precio del gas y de la electricidad, del agua… La otra cara de la moneda reside no obstante en el hecho que esta hiper-concentración de los poderes ha hecho y hará difícil la formación de un consenso interno sobre el próximo sucesor.

El rechazo de toda negociación real o de la simple consulta con los partidos de la oposición, los sindicatos y otras asociaciones, la ausencia de espacios e instancias de mediación para gestionar pacíficamente y legalmente las contradicciones dentro de la sociedad e incluso dentro del poder, los repetidos ataques a las libertades democráticas y sindicales (trabas al derecho de huelga, de manifestación, de reunión, de asociación…), la represión contra todo movimiento contestatario, la parcialidad exagerada de las televisiones públicas y privadas (creadas ilegalmente por agencias del poder) y las amenazas apenas disimuladas del viceministro de Defensa y del ministro del Interior no pueden dejar de provocar, y efectivamente provocan, movilizaciones populares. No son los revolucionarios sino los regímenes autoritarios los que fomentan la revolución.

Los ajustes de cuentas internos y las decisiones contradictorias que se multiplican confirman que la homogeneidad del poder se fisura. El inamovible jefe de los servicios de inteligencia y seguridad, el general Mohamed Mediène, alias “Toufik”, fue despedido y el departamento reestructurado un año después de la reelección de Bouteflika para su cuarto mandato en 2014. En 2018, el abordaje de un navío cargado con 701 kg. de cocaína provocó la destitución de Abdelghani Hamel, el jefe de la Dirección general de la seguridad nacional. Su sucesor aguantó unos meses, algunas de las medidas como la remodelación de la policía fueron frenadas por el ministro de Interior. Altos cargos del Ejército Nacional Popular (ANP) tuvieron prohibido salir del país y sus cuentas bancarias fueron embargadas antes de ser detenidos. Posteriormente se produjo una inexplicable liberación. Siete antiguos cargos de la policía acusados de atacar la seguridad del Estado durante unas manifestaciones policiales contra sus difíciles condiciones de trabajo en 2014 fueron absueltos el 26 de febrero de 2019.

Uno de los principales signos de la crisis del régimen reside en su incapacidad de acabar el proceso de reformas económicas estructurales iniciado hace 40 años. El rumbo hacia el liberalismo está marcado desde los años 1980, pero el Estado continúa dirigiendo la economía. Los recursos energéticos (hidrocarburos) y mineros siguen siendo dominio público muy a pesar de los ultraliberales del poder y de la oposición, de las fuerzas imperialistas (G7) y de sus instituciones financieras (FMI, Banco Mundial…). Grandes empresas públicas privatizadas (Sider El Hadjar en beneficio de Arcelor Mittal, Asmidal convertida en Fertial después de que el grupo español Grupo Villar Mir se haya convertido en el accionista mayoritario…) siguen estando en el regazo del Estado. El intento de Ali Haddad, jefe de la principal organización patronal (Forum de empresarios-FCE), de comprar con la complicidad del Primer Ministro Ouyahia la parte del grupo español fue desbaratado gracias a la movilización de los trabajadores del complejo. Bouteflika obligó al Ejecutivo a ejercer el derecho de retracto del Estado, convirtiéndose de nuevo en socio mayoritario de la empresa. La ley de liquidación de los hidrocarburos adoptada en 2005 no fue promulgada por el Presidente y será finalmente enmendada un año después. La ley sobre las inversiones que estipula que las empresas argelinas asociadas con inversores extranjeros deben poseer la mayoría de la propiedad (51/49) sigue en vigor 10 años después. Las importaciones siguen disminuyendo por las medidas gubernamentales adoptadas (cuotas, prohibiciones, impuestos elevados…). El gobierno continua por otro lado construyendo vivienda social, subvencionando precios, manteniendo la sanidad y la escuela pública gratuita, rechazando la deuda exterior…

Esta contradicción entre, por un lado, el rumbo claramente fijado y asumido en el horizonte liberal y, por el otro, las dilaciones, cambios de opinión y retrocesos permanentes, aviva desde hace muchos años las tensiones en el interior del régimen y evita una imposición por la fuerza del gobierno. También alimenta una oposición democrática ultraliberal así como un descontento popular creciente. El desempleo llega al 11,7% de la población activa llegando hasta el 28,3% entre los jóvenes (16-24 años). Los titulados no encuentran salidas laborales mientras que el 43% de los asalariados no están declarados en la Seguridad Social. El poder de compra de los trabajadores, parados, campesinos pobres sin tierra, pequeños artesanos y comerciantes, etc. cae bajo el triple efecto del aumento de los precios, la depreciación del dinar y de un estancamiento de los salarios y las pensiones. La falta de inversión en educación y sanidad castiga duramente a las clases desfavorecidas. El poder pone en entredicho lo que queda del Estado social.

Esta política favorece en cambio las clases dominantes (capitalistas argelinos y extranjeros, propietarios agrícolas, importadores, grandes comerciantes, profesionales liberales de alto rango…) que se aprovechan de la ilegítima desposesión del pueblo argelino (privatización, acuerdos público-privados…) y la generosa ayuda acordada por el poder. Las multinacionales que se vanaglorian de exportar fertilizantes químicos o cemento (Fertial, Lafarge…) disfrutan del gas subvencionado por el Estado. El cemento es exportado a mitad de precio y Sonelgaz acusa un déficit de 23 mil millones de dólares!

Frente a la legítima resistencia de las masas, la única respuesta es la represión: intervención de la Justicia para obstaculizar el derecho de huelga, transformación del Código de Trabajo en Código del Capital, detenciones arbitrarias de funcionarios, bloggers y periodistas, prohibición de manifestación y arrestos de militantes, palizas a grupos de aficionados de fútbol… Los patrones del sector privado y público denuncian a los sindicalistas: Sonelgaz, Air Algérie, Liberté, Cevital… El poder defiende cada vez más claramente los intereses de la burguesía comprador que constituyen el verdadero caballo de Troya del imperialismo.

Uno de los últimos signos, y no el menos importante, de la crisis del régimen aparece justamente en su dificultades para resistir las presiones imperialistas. El poder apoya la causa de los pueblos saharaui y palestino, rechazó el apoyo a las intervenciones imperialistas en Libia, Siria, Yemen, etc. Rechaza toda participación del ejército en operaciones fuera de sus fronteras así como el establecimiento de bases militares extranjeras en Argelia y no acepta la instalación de centros de tránsito para migrantes… Pero cada vez trata con mayor indulgencia al régimen criminal saudí, no se pronuncia públicamente sobre la desestabilización en Venezuela, se muestra incapaz de evitar “el retorno de Israel” en el Sahel y de oponerse a la multiplicación de las bases militares e intervenciones americanas y francesas en la región. Últimamente, entre el 18 de febrero y el 1 de marzo el Ejército ha participado en Burkina Faso y Mauritania en maniobras militares de gran envergadura denominadas “Flintlock 2019” bajo la supervisión de la comandancia de las fuerzas armadas americanas en África (Africom). Las maniobras “Fénix Express” organizadas por Africom en Grecia en mayo de 2018 contaron con la participación de la marina argelina… Constatamos de este modo una inflexión incuestionable de la política extranjera que alimenta las contradicciones en el seno de un régimen tradicionalmente cercano a la URSS y posteriormente a Rusia (particularmente en materia militar) y que, sobretodo, se enorgullecía en el pasado de su no alineamiento.

Podemos concluir que el régimen argelino no es ni monárquico ni verdaderamente republicano. No es una dictadura ni una democracia. No es una teocracia ni un régimen laico. No es proimperialista pero tampoco antiimperialista. No es ni ultraliberal ni antiliberal. Su incapacidad de resolver las contradicciones de la sociedad argelina así como las que atraviesa el propio régimen renueva permanentemente las condiciones de la crisis. Este inmovilismo es revelador de su incapacidad de reforma. Estamos condenados por ello a revivir crisis políticas más o menos violentas corriendo el riesgo de transformarse en una crisis del Estado propicia a las revoluciones, aunque también a las aventuras imperialistas.

Una crisis de hegemonía

Contrariamente a los discursos propinados por los ultraliberales, la crisis del régimen refleja el meollo de la sociedad argelina y las luchas de clase que la atraviesan. La crisis deriva particularmente de la incapacidad de las clases dominantes de mantener la hegemonía.

La política de liberalización es llevada a cabo por la burguesía interior. Esta fracción de clase no es nacional, rechaza enfrentarse económica, política y diplomáticamente al orden imperialista mundial, y ya no tiene un proyecto soberano. Sin embargo sus negocios dependen en gran medida del sector público y aún necesita la protección del Estado frente al mercado internacional para acumular.

Esta fracción tropieza con dos dificultades. La primera hace referencia a las resistencias activas y pasivas de las masas y de una parte del aparato del Estado. Para hacer pasar sus reformas, esta fracción dirigida por el poder está obligada a tantear, avanzar y retroceder constantemente. No ha conseguido, hasta ahora, llevar a cabo sus reformas económicas estructurales y no se ha integrado totalmente en el orden imperialista… Pero no quiere, por otro lado, volver a una política de desarrollo nacional y de resistencia al orden imperialista como hacen aún, total o parcialmente y de forma más o menos consecuente, algunos Estados: Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Siria, Líbano…

La política económica y social liberal (congelación salarial y de las pensiones, cuestionamiento del Código de Trabajo, desempleo…) se aplica forzosamente con rodeos, pero no hay dudas en recurrir a la fuerza contra las masas trabajadoras y las clases populares que se oponen a perder sus conquistas. Esta fracción de la burguesía se muestra incapaz de obtener el consentimiento de los explotados y dominados.

La segunda dificultad que debe afrontar esta fracción interior se encuentra en su incapacidad de obtener la adhesión de la otra fracción de la burguesía, la fracción comprador que defiende una concepción ultraliberal de la integración/sumisión en el mercado mundial y el orden imperialista. Esta fracción se ha reforzado considerablemente a lo largo de las últimas tres décadas gracias a la guerra civil que facilitó la destrucción y expolio de empresas públicas ordenado por el FMI (Plan de ajuste estructural firmado en 1994) y la transformación de la economía argelina anteriormente productiva e industrial en una economía de bazar basada en las importaciones. Esta fracción comprador enriquecida con la especulación, no deja de subrayar la falta de voluntad del poder en materia de reformas estructurales y de integración en el mercado mundial.

La fracción de la burguesía interior está acorralada por las masas populares de un lado y la fracción comprador apoyada por el imperialismo por el otro.

La fracción de la burguesía comprador pretende desde hace unos años la conquista del poder.  Dispone de partidos formales tradicionales, los principales de los cuales son el Movimiento de la Sociedad por la Paz-MSP próxima a los Hermanos Musulmanes, la Agrupación por la Cultura y la Democracia-RCD de tendencia laica, el partido Talaie El Houriat del antiguo Primer ministro Ali Benflis, algunos partidos y personalidades agrupados en el movimiento Mouwatana (Patria)… Pero se apoya también y sobretodo en un partido real, orgánico, constituido por los medios de comunicación tradicionales y digitales, centros de opinión, movimientos como el que apoya el primer oligarca del país, Isaad Redrab, y personalidades que forman un conjunto a menudo más dinámico que los partidos formales. Esta fracción comprador dispone del apoyo de los centros imperialistas (fuerzas occidentales, FMI, Banco Mundial…) que ejercen presiones constantes sobre el poder el Argelia.

Esta fracción ejerce  una influencia notable en una parte importante de personas y grupos de la fracción adversa que comparten en el fondo su visión sobre la necesidad de reformas estructurales económicas y sociales, pero que no se han atrevido, hasta ahora, a apoyarla abiertamente por miedo a la reacción del poder. Generalmente, la integración de los nuevos ricos en el régimen a través de los partidos, las instituciones electas (APN, Senado, APW, APC…) y la presencia directa o indirecta de militares o de personas cercanas a estos en el ámbito de los negocios contribuye a modificar la correlación de fuerzas en su beneficio. La incapacidad de su rival -en el poder-, de volver a una política de desarrollo nacional y social le favorece porque para ello haría falta apoyarse en las masas populares, algo que rechaza obstinadamente.

La fracción comprador vive una dinámica ascendente. Trabaja en la conquista de la hegemonía entre las clases dominantes. Pero sus vínculos con las fuerzas capitalistas mundiales y los Estados imperialistas los excluyen de una parte del Estado profundo  procedente de la guerra de liberación nacional y de las políticas de desarrollo nacional de las dos primeras décadas de independencia. Estos sectores son muy puntillosos en materia de independencia y seguridad nacional. La fracción comprador experimenta, por otra banda,  mayores problemas en obtener el consentimiento de los explotados y oprimidos dado que su proyecto económico y social ultraliberal es más duro e implacable respecto a las masas.

¿Puede en estas condiciones acceder al poder por la vía de las urnas? Y si lo consiguiera gracias a una crisis o al hecho que actualmente constituye la única alternativa política al poder actual, ¿cuál sería la reacción de las masas populares? Esta fracción corre el riesgo de gobernar de forma antidemocrática para conseguir imponer su programa ultraliberal dado que los trabajadores, los desempleados y la juventud no están dispuestos a aceptar esta política.

Esta incapacidad de conseguir la hegemonía de las dos fracciones de la burguesía está en el origen de la crisis de régimen actual, es decir su incapacidad de gobernar unidas y obtener el consentimiento de los explotados y dominados. De este modo, el régimen no puede democratizarse. Esta crisis se ha profundizado en los últimos años y ha conocido una aceleración en el curso de 2018.

II – UNA CRISIS POLÍTICA ABIERTA

Hacia una crisis política

La crisis de hegemonía hubiera podido seguir como hasta ahora durante algunos meses, incluso años. Pero la elección presidencial del próximo abril ha constituido el factor desencadenante de la crisis política con el anuncio de la candidatura de Bouteflika a un quinto mandato y afirmando, llenos de cinismo y desprecio de los gobernantes hacia el pueblo, que el pueblo está contento con esta candidatura ardientemente solicitada. Algo que ni las masas ni la oposición podían tolerar.

Hasta el 21 de febrero de 2019, ninguna fuerza política o social representaba una amenaza para el poder, simplemente criticado a través de las declaraciones de algunos opositores impotentes y marginales. Incluso las huelgas obreras que tendían a multiplicarse no les inquietaban realmente. Asimismo se preparaba el poder para acompañar al presidente saliente o, más exactamente, su foto enmarcada exhibida en todo tipo de ocasiones (ceremonias oficiales, mítines…) por sus interesados partidarios. El statu quo parecía constituir el horizonte insuperable del país.

Pero el 22 de febrero constituyó el punto de ruptura con la irrupción espectacular de las masas en la escena política tras los llamamientos anónimos lanzados en las redes sociales seguida, una semana después, de una irrupción popular históricamente inédita en las 48 wilayas (departamentos) del país.

Esta movilización de las masas ha cambiado la situación política rompiendo el muro del miedo, permitiendo la reconquista del derecho de manifestación en todo el país y en particular en Argel donde estaba prohibido desde 2001. Ha empujado al gobierno a sancionar algunos ayuntamientos en manos de partidos de la coalición presidencial que habían obstaculizado la campaña de recogida de avales por parte de diversos candidatos a la elección. Ha obligado a los medios de comunicación públicos, bajo la presión de su propio personal (periodistas, técnicos…), a dar cuenta más objetivamente de la situación en todo el país. La movilización ha liberado la palabra y las iniciativas, y ha abierto la vía a protestas y manifestaciones de múltiples sectores sociales: universitarios, abogados, profesores, médicos y personal sanitario, artistas y escritores, estudiantes… Esto culminó en las manifestaciones históricas del 1 de marzo con la demanda de que se vaya todo el régimen y no únicamente Bouteflika.

Estas manifestaciones, que siguen producíendose a día de hoy y que tomaron una nueva dimensión el 8 de marzo, han llevado al poder a iniciar una última maniobra para intentar conservar las riendas aunque haya perdido la iniciativa. Momentánea o permanentemente, aún es temprano para decirlo. En una carta supuestamente escrita por Bouteflika y leída en televisión, el candidato proponía, si salía elegido de nuevo, la puesta en marcha de una Conferencia nacional abierta e inclusiva inmediatamente después del escrutinio con el objetivo de definir reformas políticas y económicas que no figuraban entre las reivindicaciones de la movilización ciudadana. Esta conferencia debería fijar la fecha de una elección presidencial anticipada en la que Bouteflika se comprometía a no participar.

Pero los argelinos ya se han posicionado… La misma noche del anuncio, se iniciaron manifestaciones de jóvenes en numerosas ciudades, seguidas al día siguiente de nuevas manifestaciones de estudiantes a lo largo del país y la aparición de un anuncio anónimo de huelga general para la semana del 10 al 15 de marzo. Más que nunca, el movimiento popular está unido alrededor del lema “No al quinto mandato” y que se vaya todo el régimen.

Los sectores presentes

Dos sectores están enfrentados desde el 22 de febrero. El sector del poder y el sector popular o simplemente el pueblo. Cada sector agrupa en su interior fuerzas sociales dispares que no tienen los mismos intereses.

El sector popular aglomera categorías sociales y fuerzas políticas diferentes, incluso opuestas, pero unidas por los objetivos políticos inmediatos: la no reelección de Bouteflika y el cambio del régimen, no siendo esta última consigna expuesta forzosamente de este modo. Estas dos reivindicaciones constituyen al mismo tiempo el resorte y el cemento del sector popular. Están apoyadas por todas las fuerzas políticas de la oposición: demócratas ultraliberales (laico e islamistas indiferentemente), partidos de izquierda en un sentido amplio: Frente de fuerzas socialistas- FFS, Partido de los Trabajadores-PT, Partido Socialista de los Trabajadores-PST y una serie de grupos de izquierda más o menos formales.

Alimentándose de su propia dinámica, el campo popular ha situado el rechazo de las elecciones del 18 de abril como su principal objetivo. Carece de programa político más elaborado por el momento, no es un movimiento estructurado, no dispone de portavoces y menos aún de una dirección reconocible. Pero en estos momentos sus debilidades constituyen paradójicamente sus puntos fuertes y no les impiden tener la iniciativa, estar a la ofensiva y recoger apoyos y adhesiones.

Como una bola de fuego, el sector popular multiplica sus acciones: grandes manifestaciones los viernes en todo el país, manifestaciones permanentes de universitarios y estudiantes de secundaria, abogados, artistas, personal sanitario… Se encuentra a la ofensiva. Después de haber recuperado su derecho de manifestación, la fase actual es la de pasar al estadio superior de las huelgas. Se han organizado durante el mes de marzo huelgas locales y/o sectoriales y una huelga general con llamamientos anónimos o procedentes de las viejas estructuras sindicales resucitadas para la ocasión, como la Confederación Sindical de las Fuerzas Productivas (COSYFOP). Por internet circula la misma consigna de desobediencia civil retomada de los textos del Frente Islámico de Salvación (FIS) difundidos durante la huelga general convocada en junio de 1991.

Esta dinámica ofensiva del movimiento popular le permite recoger apoyos provenientes de sindicatos de trabajadores, de asociaciones y de movimientos sociales. Recoge al mismo tiempo adhesiones de afiliados al sindicato patronal FCE que apoya a Bouteflika, ayuntamientos y militantes del FLN… Hace falta señalar adhesiones significativas políticamente como el apoyo de la Organización Nacional de Muyahidins (antiguos combatientes) que constituía la columna vertebral de la “familia revolucionaria” sobre la que el poder se apoyaba y que, además del apoyo que brinda a los manifestantes, denuncia “la colusión entre partes influyentes en el sí del poder y empresarios corruptos que se han beneficiado ilícitamente del dinero público”. Lo mismo sucede con la Asociación de veteranos del MALG (Ministerio de armamento y enlace durante la guerra de liberación) que es ni más ni menos que el precedente de los servicios secretos argelinos, dirigida por el antiguo ministro del interior Dahou Ould Kablia.

El campo del poder se compone esencialmente de aparatos: la presidencia de la República, el Estado mayor de la ANP, la gendarmería nacional, los servicios de seguridad y la DGSN, el gobierno y otras instituciones (Tribunal Supremo, Consejo Constitucional, APN y Senado), los partidos de la coalición presidencial, el dispositivo mediático público y privado y las direcciones de organizaciones satélites del poder: Unión General de los Trabajadores Argelinos (UGTA), FCE, Unión Nacional de Mujeres Argelinas, una decena de organizaciones estudiantiles parasitarias… y también asociaciones de carácter religioso influyentes: cofradías sufíes (zawiyas) y la Asociación de ulemas musulmanes de Argelia.

Este sector está bien organizado, disciplinado y dispone de la fuerza pública, de la administración, de un aparato mediático imponente y de los recursos financieros y materiales  del Estado. Pero ha perdido la iniciativa y se encuentra en situación defensiva, aislado y perdiendo cada día más apoyos.

Fuerte y firmemente contestado por la calle, el campo del poder está aturdido. Anteriormente se mostraba arrogante y monopolizaba la escena mediática, ahora sus dirigentes parecen mudos. Su campaña a favor de un quinto mandato está totalmente paralizada. No pueden celebrar mítines y no aparecen más en las cadenas televisivas que han copado durante décadas.

Una única voz se expresa actualmente, el jefe de “la Grande muette”! Como parte implicada del círculo presidencial, el general Ahmed Gaïd Salah advierte, amenaza y reafirma que el ejército que dirige es el garante de la estabilidad del país y de la celebración de las elecciones presidenciales en la fecha prevista. El conflicto político se cristaliza a partir de ahora alrededor de la cita electoral. Anulación, aplazamiento o mantenimiento del escrutinio. Todo ello significa que el único dirigente que se expresa públicamente se sitúa en una línea defensiva “legalista”, “legitimista”. El problema para el poder es que la legitimidad política para imponer su propuesta está fracasando. Dispone ciertamente de la fuerza bruta (ejército, policía) para reprimir e instaurar una dictadura eventualmente. Pero una represión de este calado y la instauración del Estado de excepción necesitan una previa deslegitimación del adversario y retomar la iniciativa. Sin embargo, el campo popular ha aprendido las lecciones de las experiencias de Libia y Siria. Sigue siendo popular, masivo y pacífico, pidiendo a policías y militares que no repriman y rechaza convertirse en el caballo de Troya del imperialismo.

Actualmente no existen razones objetivas que justifiquen el recurso de la fuerza. Esta solución sería de las más inciertas. Provocaría sin duda una huelga general y una ola de desobediencia civil pudiendo generar una situación de caos y las intervenciones extranjeras tan denunciadas por el Vice-ministro de Defensa y jefe del Estado mayor del ejército.

Finalmente se plantea el problema de la reacción en el seno de las mismas fuerzas de seguridad. El poder en Argelia es de los más opacos y da la impresión de no haber salido nunca de la clandestinidad de la guerra de liberación nacional. Pero algunos indicios demuestran la existencia de al menos un malestar en su interior, ver ciertas disidencias, que han jugado sin duda un rol en la eclosión del movimiento, gracias particularmente al anonimato de las redes sociales. No hay que ser naif. La espontaneidad de las manifestaciones no significa que ninguna mano invisible haya intervenido en su desencadenamiento. No existe ningún movimiento de tal magnitud químicamente puro y las manipulaciones de eventuales agentes descontentos de los servicios de seguridad, que han sufrido el desmantelamiento de varios departamentos en los últimos años, ilustrarían, de confirmarse, el hecho que la crisis actual no es simplemente una crisis enfrentando los de arriba con los de abajo, sino también una crisis en el interior del poder. El hecho que las enormes masas de ciudadanos se hayan movilizado confirma simplemente que el descontento existía y que era profundo. Como en 1988, la mecha prendida por manos no tan desinteresadas no podía desembocar en una explosión si el barril de pólvora (el descontento) no estaba antes lleno.

Por todas estas razones, una represión de gran intensidad, que supondría sin duda un baño de sangre, sigue siendo posible, aunque poco probable de momento por los riesgos que haría correr a los mismos que la provoquen.

Una situación de equilibrio relativo

A principios de marzo la movilización popular sigue sin aflojar. Al contrario, arraiga entre los estudiantes y profesores universitarios, los estudiantes de secundaria, los abogados, los artistas así como entre otras categorías profesionales que multiplican las concentraciones y manifestaciones y que dan inicio mal que bien y de manera aún insuficiente y desigual a un proceso de auto-organización.

Esta fuerza del movimiento tiene diversas consecuencias. Los candidatos se retiran unos tras otros de la farsa electoral del 18 de abril, siguiendo el ejemplo del presidente del MSP. Otros, representando generalmente algunos partidos (FFS, RCD…) ya habían anunciado su rechazo a participar en el escrutinio. Mokrane Aït-Larbi, abogado respetado, defensor de los derechos humanos y viejo militante demócrata abandonó el proceso electoral así como la dirección de campaña del candidato Ali Gherdiri, un general-mayor disidente. A pesar del incomprensible empecinamiento del poder en mantener las elecciones, éstas han perdido su credibilidad. La batalla política se desarrolla a partir de ahora fuera del campo electoral, en la calle.

Las oposiciones de derechas y de izquierdas se radicalizan. La figura simbólica del campo demócrata ultraliberal, el patrón del grupo Cevital, Issad Rebrab, que moviliza desde hace meses sus obreros y empleados con el apoyo de los partidos de la oposición ultraliberal para protestar contra “el bloqueo de sus inversiones” por parte de los poderes públicos, hizo anular la marcha del 5 de marzo inicialmente prevista en Tizi Ouzou (Cabilia). Pero lo justificó afirmando que ya “no se trata de reivindicaciones sectoriales”, sino del “cambio de régimen”. Queda lejos el hombre que defendía que la industria no se debe meter en política.

El FFS, el PT y el PST llaman por su lado a apoyar el movimiento popular, rechazan las elecciones presidenciales y se pronuncian en favor de la elección de una Asamblea Constituyente. El PT propugna la creación de comités populares, llama a la convergencia de las fuerzas que apoyan la Asamblea Constituyente y considera que un periodo de transición puede suponer el saqueo del país. El FFS ha anunciado la retirada de sus parlamentarios de la APN y del Senado. El PST, que había avanzado la consiga de creación de la Asamblea Constituyente, llama a la auto-organización de las masas y a preparar una huelga general que haga bascular la correlación de fuerzas. Igual que el PT, el PST rechaza las injerencias imperialistas y aboga por la entrada de los trabajadores y los sindicatos en el movimiento con sus propias reivindicaciones. Los dos partidos llaman a la reapropiación de la UGTA por parte de los verdaderos militantes de base. La izquierda ve reforzada su propuesta por las tomas de posición de los sindicatos autónomos que llaman a unirse al movimiento y adelantan la demanda de huelga general. Sectores de la UGTA contradicen a la camarilla antiobrera del Secretariado general que apoya a Bouteflika y llaman a una reunión de la dirección de su organización.

Parece evidente que los de abajo están hartos. Así lo han expresado claramente y masivamente de todas las formas posibles, sobretodo en la calle.

Pero a pesar de las disidencias que se multiplican y aceleran a medida que el movimiento popular se desarrolla, los de arriba siguen resistiendo. No tienen muchas alternativas pero aún disponen de la capacidad de reprimir. El ejército concentra las tropas cerca de las grandes ciudades y puntos estratégicos del país.

No nos encontramos en un momento revolucionario pero sí en una situación que no necesita gran cosa para convertirse en pre-revolucionaria. Su evolución dependerá de tres factores.

  • El mantenimiento y refuerzo de la dinámica de movilización popular pacífica y, cada vez más, de la auto-organización.
  • La profundización, o no, de las contradicciones dentro del campo del poder y su aceptación, o no, de un cambio político profundo.
  • La capacidad o incapacidad de las fuerzas políticas del sector popular de mantener la unidad del movimiento abriendo perspectivas para conseguir definitivamente hacer bascular la correlación de fuerzas y obligar al poder a ceder.

Las implicaciones políticas inmediatas

Del lado del poder, la tentativa de imposición por la fuerza de la candidatura de Bouteflika se constató en un primer momento, aunque fuera una maniobra para ganar tiempo y encontrar la manera de apagar el incendio. La oposición tanto exterior como interior es creciente. La firmeza del poder hace imposible un compromiso a corto plazo.

Lenta pero firmemente, el campo popular se amplía, se refuerza y se organiza. Este sector no tiene ningún interés en entrar en un choque frontal con el poder. Al contrario, necesita tiempo para enraizar y organizarse mejor. Resulta particularmente urgente que su base popular (trabajadores, desempleados, jubilados y estudiantes…) se reconstruya después de los importantes golpes sociales y políticos sufridos en las últimas décadas: golpe de Estado, guerra civil, plan de ajuste estructural, deterioro de las conquistas sociales, represión… Debe al mismo tiempo clarificar sus perspectivas políticas y escoger entre dos opciones, la de la oposición ultraliberal o la de la izquierda.

La oposición ultraliberal que, en este momento, forma parte del campo de la contestación, ¿tiene la voluntad y los medios de seguir apoyando a la movilización popular o acabará por negociar con el poder una salida de la crisis en beneficio de su clase dominante? Esta última hipótesis es la más probable. Considerando que la hora de su dominación histórica puede haber llegado y que no sólo debe reinar sino también gobernar, pretenderá acabar con todas las trabas que dificultan su ascenso. Esto explicaría su radicalismo contra el poder. La burguesía pretende aprovechar la oportunidad histórica de acabar con la pequeña burguesía blindada al frente de los aparatos de Estado desde hace tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, la burguesía ultraliberal teme verse desbordada por las masas populares que no se contentarán con tomar el poder sino que acabarán por poner delante sus reivindicaciones y sus propios objetivos políticos. La revolución inacabada en Túnez confirmó que la caída de la dictadura y la instauración de una democracia parlamentaria burguesa no constituye el fin de la historia. Al menos para la mayoría del pueblo trabajador. La entrada en el movimiento de la Unión local UGTA del histórico bastión obrero de Rouïba-Reghaïa al este de Argel ha clarificado el meollo de lo que la clase obrera espera:

“No podemos ignorar las aspiraciones populares profundas que se están expresando, nos unimos para decir sí a un cambio de sistema. Un sistema que preserve la propiedad inalienable del pueblo sobre las riquezas naturales de la nación, rehabilite el rol del Estado en el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Un sistema que se desmarque de las oligarquías y reconozca el valor del trabajo y que sitúe al hombre en el centro del desarrollo. Un sistema que garantice las libertades individuales, colectivas y el libre ejercicio del derecho sindical”. Se trata exactamente de lo opuesto al proyecto del ala ultraliberal. Por ello esta última, que defiende una política económica más dura que la del poder actual, opta por una transición que acabe en una elección presidencial.

El ala izquierda del campo popular (FFS, PT, PST) propone por su parte, de manera más o menos consecuente, una solución desde abajo que devuelva la palabra al pueblo y restablezca inmediatamente su rol de único soberano a través de la perspectiva de la elección de una Asamblea Constituyente. Para el PT y el PST esta será la encargada de determinar el tipo de régimen a llevar a cabo, de proclamar inmediatamente las libertades democráticas y de satisfacer sin dilación las aspiraciones y reivindicaciones sociales de los trabajadores y desposeídos. El PST propone construir una convergencia democrática antiliberal y antiimperialista que agrupe partidos, sindicatos y movimientos sociales que compartan esta visión.

Mientras tanto, la presión debe aumentar a fin de forzar al poder a renunciar definitivamente a la celebración del escrutinio del 18 de abril. La continuidad de las manifestaciones es imprescindible. Pero únicamente una intensa movilización será capaz de hacer ceder al poder. Ahora toca propagar la idea de la huelga general.

III – PRIMERA VICTORIA, LA LUCHA CONTINUA 

Las inmensas manifestaciones populares de los viernes 22 de febrero, 1 y 8 de marzo, coronadas por una huelga general iniciada el 10 de marzo han hecho retroceder al poder.

El 11 de marzo, Bouteflika anunció por carta su renuncia a presentarse a un quinto mandato, la anulación de la elección presidencial del 18 de abril y “cambios importantes en el Gobierno”. Este anuncio fue seguido de la dimisión del Primer Ministro Ahmed Ouyahia.

Esta renuncia no debe ser banalizada ya que señala el fracaso del intento de imposición por la fuerza y constituye, de este modo, un innegable éxito político. Movilizado y unido, el pueblo puede conseguir victorias.

La Conferencia Nacional de Bouteflika: una maniobra antidemocrática

Pero Bouteflika intenta al mismo tiempo retomar la iniciativa política perdida desde el 22 de febrero. Anuncia una salida de la crisis por arriba con el objetivo de seguir ocupando un puesto de poder ilegalmente después del 18 de abril y controlar el ya inevitable proceso de cambio con tal de salvar su régimen liberal autoritario con una fachada democrática. Persigue de este modo reeditar la experiencia de 1988 cuando la transición política fue completamente pilotada por las instituciones de la era del partido único (Presidencia, Gobierno, Asamblea Popular Nacional-APN…) con el resultado por todos conocido.

Hoy en día, Bouteflika conserva la APN y el Senado con la mayoría del FLN (expartido único), el Consejo constitucional que ha nombrado el presidente y todas las instituciones antidemocráticas del régimen. Destituye Ouyahia, pero lo sustituye por su Ministro de Interior, Noureddine Bedoui, el hombre que amenazaba al pueblo hace apenas unas semanas.

Intenta imponer la forma, el contenido y el ritmo del cambio a través de una ciénaga institucional. La Conferencia nacional que será convocada apunta fundamentalmente a evitar que el pueblo decida su destino por él mismo. Quiere agrupar, sin mandato del pueblo, las autoproclamadas “elites” procedentes de los rangos del poder y de la oposición, flanqueados por “personalidades independientes” y otros notables con tal de ahogar las pocas voces independientes que quedarán fuera del círculo, para adoptar un proyecto de Constitución que el pueblo, no obstante el único soberano verdadero, simplemente tendrá que ratificar. Además, todo este proceso debería durar más de dos años…

Los partidos de la coalición presidencial (FLN, RND, MPA, TAJ), inaudibles desde hace tres semanas, han expresado tímidamente su apoyo a la iniciativa de Bouteflika. Con el objetivo de agrupar a la oposición ultraliberal que se pronuncia también en defensa de una Conferencia Nacional, el presidente les promete la tentadora perspectiva de “reformas económicas”.

Demasiado limitado y tarde, el pueblo exige un verdadero cambio político

La promesa de cambio de Bouteflika llega demasiado tarde y resulta muy limitada. No se trata ya de remendar el régimen sino de cambiarlo. El pueblo argelino se ha expresado. No quiere que Bouteflika siga en el poder y rechaza el mantenimiento de los hombres e instituciones actuales. Las capas populares rechazan mayoritariamente su política antisocial y antinacional que enriquece un puñado de oligarcas e importadores, favorece el pillaje de la riqueza nacional por parte de multinacionales y hunde en la miseria a los trabajadores y desposeídos. Esta política ofrece como único horizonte a los jóvenes de las clases populares el desempleo y la precariedad, la droga, el fondo del Mediterráneo o un exilio incierto a una Europa en crisis. Esta política tampoco puede imponerse de forma antidemocrática.

Es por ello que las manifestaciones han continuado el mismo día del anuncio de Bouteflika, el presidente que se comunica con su pueblo exclusivamente por carta. Los manifestantes rechazan la extensión del cuarto mandato más allá del 18 de abril y reclaman la salida de Bouteflika. La huelga general iniciada el 10 de marzo se mantiene mientras se pone en marcha un proceso de reapropiación de la UGTA por parte de sus adherentes y sus estructuras de base. Los partidos políticos de izquierda han rechazado en bloque la iniciativa presidencial.

El pueblo reocupó la calle masivamente el 15 de marzo para denunciar las maniobras del poder y mantener su exigencia de un verdadero cambio político. Signo de los tiempos, la misma oposición ultraliberal ha rechazado el acuerdo de Bouteflika aunque no se adhiere mayoritariamente a la consigna de Asamblea Constituyente.

Conferencia nacional o Asamblea constituyente soberana

Frente a la maniobra de Bouteflika, que espera arrebatar la iniciativa política al Hirak (movimiento) y encerrar a este último en un recinto llamado Conferencia Nacional, la única solución democrática consiste en devolver la palabra al pueblo, no para que se pronuncie por un “no” o un “sí” en un referéndum sino para que decida, después de un debate popular y por elección proporcional integral, la composición de una Asamblea Constituyente soberana. Una Asamblea encargada de redactar un proyecto de Constitución, de satisfacer inmediatamente las reivindicaciones sociales de las masas y de preservar los intereses de la nación de los oligarcas e imperialistas.

Los llamamientos de los manifestantes son particularmente claros respecto a las fuerzas imperialistas. Expresan un rechazo claro de las injerencias imperialistas que se manifiestan bajo la forma de un apoyo a Bouteflika (Francia) o de un apoyo hipócrita al movimiento (Washington).

Proseguir la movilización e introducir una perspectiva política popular

A día de hoy, todo el mundo es consciente de la trampa tendida por Bouteflika. La manifestación del 15 de marzo representa un test decisivo del rechazo de esta enésima maniobra del poder. Es por ello que las fuerzas políticas y sociales de todas las tendencias prepararon esta movilización para que fuera lo más masiva y combativa posible.

La protesta necesita más que nunca la unidad. Pero las fuerzas políticas (PT, FFS, PST…) y sociales (sindicatos, movimientos y asociaciones…) que, en su interior, luchan al mismo tiempo por la defensa de la soberanía nacional frente al imperialismo y por la soberanía popular y la justicia social frente al autoritarismo y las políticas liberales deben urgentemente converger y constituir un frente consecuente que garantice que el movimiento no sea corrompido y aparcado. Tarde o temprano, efectivamente, las clases y facciones de la clase dominante, indistintamente de si ahora apoyan al poder o a la oposición, encontrarán un terreno de entendimiento y aceptarán un compromiso en defensa de sus intereses, para evitar que las clases populares, con los trabajadores a la cabeza, ofrezcan una perspectiva democrática, social (antiliberal) y nacional (antiimperialista).

El sector popular, que se debe construir en una situación de desconfianza generalizada a ojos de los partidos, debe poder constituirse por:

  • Incrementar la presión sobre el poder ampliando la movilización, la autoorganización popular y la huelga general;
  • Denunciar la Conferencia Nacional que busca remendar el régimen e imponer la demanda de Asamblea Constituyente soberana;
  • Animar el proceso vital de reapropiación de la UGTA así como el proceso de autoorganización de los ciudadanos (estudiantes, abogados, jueces, periodistas…);
  • Propagar la idea de la constitución de un frente sindical agrupando militantes de una UGTA renovada y aquellos de los sindicatos autónomos combativos para que la clase trabajadora juegue un rol político en la movilización;
  • Manifestarse masivamente todos los viernes en todas las wilayas del país;
  • Bloquear las injerencias imperialistas, sea cual sea la forma bajo la cual se presenten: apoyo del gobierno francés a Bouteflika o apoyo de los EEUU al movimiento. El pueblo argelino no necesita el respaldo hipócrita y envenenado de Washington.

Fuente: Contretemps 7 de marzo y 13 de marzo de 2019

Hocine Belalloufi vive y trabaja en Argel. Periodista, antiguo coordinador de la redacción de Alger républicain de 2003 a 2008 y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), es también autor de dos libros: La démocratie en Algérie. Réforme ou révolution? (Apic et Lazhari-Labter, Alger, 2012) y Grand Moyen Orient : guerres ou paix ? (Lazhari-Labter, Alger, 2008).

Traducción de Ivan Gordillo para Marxismo Crítico

 

Categorías:Lucha de clases
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