La autodeterminación ha dejado de ser una exigencia colectiva, política y combativa (…) para convertirse en la legitimación de procesos individuales. Esta individualización de los conflictos políticos no solo nos debilita sino que, además, es apolítica y nos hace perder de vista nuestras utopías.

Rote Zora, 1987

La «gestación subrogada» se ha colado en la agenda mediática y política. A pesar de que se trata de un fenómeno ya conocido y explícitamente prohibido, un par de asociaciones de «usuarios», al calor del lobby de la reproducción asistida -que mueve millones de euros al año y que surfea con notable salud la crisis- están presionando para legalizar el mercado de los vientres de alquiler. Con el apoyo de Ciudadanos y de la mayoría del Partido Popular, han lanzado una Iniciativa Legislativa Popular y diversas propuestas legislativas en los parlamentos autonómicos, entre ellos el de la Comunidad Autónoma de Catalunya. El impulso legalizador se está planteando —e incluso coreando desde tribunas «feministas»— en términos de «libertad», «nuevos modelos de familia», «soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo» e, incluso, de «derechos de los niños».

Cuando hoy día hablamos de vientres de alquiler, nos estamos refiriendo a un proceso muy agresivo sobre el cuerpo de una mujer. Es un proceso que somete a una mujer en edad fértil a un tratamiento de reproducción asistida con el objeto de que geste un embrión biológicamente ajeno, respecto al cual la embarazada renuncia a todos los derechos, a cambio de una contraprestación monetaria.

Inaugurado oficialmente en los años 80 —en la meca del libre mercado y en plena era Reagan—, el desarrollo tecnológico no ha hecho sino sofisticar el circuito de los vientres de alquiler¹. Actualmente, se ofrece la posibilidad de escoger a la carta donantes de óvulos, esperma, embriones y gestantes, mediante un catálogo auténticamente eugenésico, que jerarquiza arbitrariamente personas, colectivos y rasgos étnicos, y que determina qué fenotipos son merecedores de ser perpetuados y cuáles no. Otra «ventaja» respecto a los vientres de alquiler de los ochenta es que ahora se puede garantizar la «no contaminación» genética (social y cultural) respecto a la mujer que realiza el embarazo, normalmente reclutada en las antípodas sociales, económicas y geográficas de quienes las contratan: India, Ucrania, el sudeste asiático o la clase media empobrecida de California.

El bienestar y la salud de estas mujeres únicamente son relevantes en la medida en que alojan durante nueves meses un embrión-inversión. En no pocas ocasiones estas mujeres soportan embarazos múltiples que implican también numerosos riesgos para su vida y salud. A pesar de los múltiples «controles de calidad» a que se somete a las gestantes, las criaturas a veces salen «defectuosas» —con síndrome de Down, malformaciones o enfermedades congénitas— y son rechazadas por sus compradores, pre-parto (mediante la imposición de abortos selectivos) o post-parto.

Los vientres de alquiler están prohibidos, o fuertemente restringidos, en los países de origen de las personas y familias demandantes, motivo por el cual las leyes del libre mercado las orientan hacia aquellos lugares donde esta práctica está legalizada e incluso es fuente normalizada de divisas extranjeras: países muy empobrecidos o con los mayores índices de desigualdad social del mundo, como EE. UU. Y sobre las mujeres de dichos lugares trasladan una práctica que es ilegal en los países a los que regresan con sus bebés recién comprados. De ahí las dificultades para conseguir el reconocimiento legal de la maternidad/paternidad de la criatura nacida por encargo e importada al país de origen de los compradores.

Sea cual sea su origen, los niños tienen derecho a tener unos progenitores reconocidos. Al realizarse el parto en un lugar que permite la supresión de la gestante, el ordenamiento jurídico vigente en el Estado español se ve en la encrucijada de no reconocer a los bebés, o de dar carta de naturaleza a lo que los papeles dicen, e inscribir en el Registro Civil a los progenitores contratantes como progenitores biológicos. La autorización de esta inscripción está orientada a paliar el desamparo legal en que estos bebés quedan por el propio hecho de haber sido comprados. No supone ninguna legalización de facto ni ningún reconocimiento implícito de una práctica prohibida, cuyos contratos son expresamente nulos², a pesar de lo que algunas voces digan³. Borrar todo rastro o vínculo entre la criatura y la mujer que la ha dado a luz parece una prioridad política de primer orden.

Hoy día son muchas las mujeres que dan a sus hijos e hijas en adopción sin que ello suponga la renuncia total y absoluta a su reconocimiento como madres y a los derechos que de ello se derivan. Existe una clara diferencia entre la tutela (tener a cargo o cuidar a alguien) de la filiación (reconocimiento como padre/madre). Los contratos de vientres de alquiler exigen una renuncia absoluta a los derechos fundamentales que la ley considera nula. Como nulos son los contratos de esclavitud. A pesar de pretender fundarse en presuntas «decisiones soberanas» se trata de contratos que exigen tal renuncia de la soberanía personal y corporal que comprometen la propia soberanía de quien los firma⁴. Representan la antítesis de la afirmación y la autonomía personales.

Si miramos lo que está sucediendo a nivel internacional, podemos detectar una tendencia peculiar. Países que han hecho del turismo sexual y reproductivo de las mujeres una colosal fuente de divisas, como por ejemplo Tailandia y México, están restringiendo los vientres de alquiler⁵. Paralelamente, países sometidos al dominio de políticas económicas de empobrecimiento generalizado de la población, están abriéndose a este mercado y facilitando que su población femenina y empobrecida se preste a cubrir esta demanda internacional. Éste último es el caso de Grecia⁶ y, por lo que parece, la derecha liberal, con todos los aliados que se ofrezcan, pretende someter a estas mismas prácticas a las mujeres del Estado español.

Las múltiples caras de la soberanía reproductiva

Lo que hay en juego en este debate no es una cuestión marginal, sino un ataque mayúsculo a la soberanía sobre el propio cuerpo de todas las mujeres y la posibilidad de abrir la puerta, no sólo al tráfico de niños y niñas, sino también al de órganos y otros tejidos corporales que, afortunadamente, habían quedado fuera de los dictados del mercado. Si alguna cosa ha caracterizado la historia de la clase trabajadora internacional y, específicamente, la de las mujeres de clase obrera, ha sido la de reivindicarnos como personas y proclamar que no somos ni objetos —sexuales o reproductivos—, ni mercancías.

Hablar de soberanía reproductiva implica abordar las razones por las que muchas mujeres trabajadoras que desean ser madres son disuadidas de serlo por la pobreza, el paro de larga duración y la liberalización de las causas de despido. La auténtica soberanía sobre nuestra capacidad y salud reproductivas no reside en la libertad de ponerla en el mercado —como el feminismo liberal intenta vendernos, nunca mejor dicho—, sino en tener la posibilidad material de poder escoger ser madre o interrumpir voluntariamente el embarazo. Es en este contexto donde la célebre consigna «Nosotras parimos, nosotras decidimos» adopta un sentido emancipatorio, ajeno a la mercantilización de nuestro cuerpo. Esta consigna nació vinculada a la reivindicación de nuestro derecho a decidir sobre nuestra reproducción deseada, frente a la imposición de la maternidad como rol central y fundamental de la condición de mujer, justo lo contrario de lo que la «subrogación» de la gestación pretende. Cuando Ciudadanos y la derecha ultraliberal evocan este lema en realidad están reivindicando la vieja canción de «Nosotros compramos, nosotros decidimos», una melodía hegemónica que naturaliza y perpetua las desigualdades sociales que el feminismo consecuente combate.

Los vientres de alquiler son un negocio que se nutre de la situación de necesidad de las mujeres empobrecidas. La emancipación y autonomía económica, la soberanía efectiva de las mujeres sobre sus cuerpos y vidas son amenazas directas a los intereses de esta industria. La explotación comercial del cuerpo de las mujeres requiere de la existencia de mujeres en situación de ser incorporadas a este mercado. La defensa de la autonomía de las mujeres es un espejismo de un modelo de negocio basado en la perpetuación de relaciones coloniales, extractivas y de explotación de las economías más pobres, en general, y de las mujeres de estos países en particular. Estamos hablando de toda una industria que se sostiene sobre la mercantilización y la explotación reproductiva de mujeres a escala internacional.

Una amenaza a la soberanía reproductiva de las mujeres

Más allá de los condicionantes estructurales, es necesario hablar del proceso de gestación. El embarazo no puede disociarse del cuerpo y del ser de las mujeres. Las personas no sólo tenemos un cuerpo, somos cuerpo. Estar embarazada no es una actividad externa a este cuerpo, no se trata de un servicio que se provee, algo que se hace: es algo que se es. En virtud de esta mal llamada «técnica reproductiva», en cambio, las mujeres pasarían de ser apéndices de las máquinas —como son tratadas en tanto que fuerza de trabajo convencional— a convertirse en máquinas de incubar embriones.

La reducción de las mujeres a incubadoras humanas dentro de un circuito mercantil marcado por la lógica del beneficio, y no por la de los derechos humanos, debería haber activado todas las alarmas del feminismo anticapitalista. En tanto que incubadoras, a estas mujeres no se les supone ninguna soberanía para decidir si continuar o no con la gestación. Si únicamente son contenedores de una inversión millonaria —el selecto embrión— se corre el riesgo de que lo mejor para la salud de estas mujeres no coincida exacta y necesariamente con lo que es mejor para garantizar la viabilidad del producto.

La propuesta de ley defendida por Ciudadanos habla explícitamente de cláusulas de renuncia a decidir sobre el propio cuerpo durante la gestación. Cláusulas absolutamente abusivas, incluso desde la perspectiva liberal clásica, en la medida en que implican un compromiso adquirido a priori i que debe ser sostenido durante nueve meses, lapso temporal en el que, por la propia naturaleza de lo que se compra —la gestación—, las condiciones del consentimiento de una de las partes —la mujer embarazada— cambian sustancialmente. La legalización de los vientres de alquiler abre la puerta a la creación de un precedente de suspensión del derecho al aborto que fácilmente podría extenderse a otros supuestos. Es decir, podría darse la posibilidad de que el propietario de los espermatozoides participantes en un embrión que se gesta en el cuerpo de una mujer pueda ejercer derecho de veto sobre la continuación o término del embarazo.

Libertad de comprar vs. necesidad de vender

Mediante el típico mecanismo de apropiación y desactivación de la vocación de liberación colectiva de la lucha feminista, los partidarios de los vientres de alquiler hacen abstracción del carácter social, histórica y materialmente condicionado de la «autonomía» de las gestantes y se postulan como bastión de la defensa de la libertad individual de las mujeres para realizar este tipo de contratos. El artificio es la ilusión liberal de que nos encontramos ante dos partes contratantes que están en igualdad de condiciones.

Y esta ilusión entraña una gran falacia, ya que este tipo de contratos no existirían si las dos partes fueran iguales, si las gestantes no fueran víctimas de la coerción económica a la que la dinámica del capitalismo internacional, patriarcal e imperialista somete a millones de mujeres, presionándolas para vender su capacidad sexual o reproductiva como medio de supervivencia.

Los embarazos por encargo, por su propia naturaleza, tienden y ambicionan la custodia totalitaria de las gestantes para proteger así una inversión millonaria. Esta vigilancia incluye desde la prohibición de la libertad de movimientos y un estricto control médico del cuerpo, dieta, hábitos sociales y relaciones sexuales, sociales, familiares… de las gestantes, hasta su reclusión en auténticas granjas de mujeres, durante los meses que dura el embarazo. Garantizar la máxima calidad del producto —el bebé—, la máxima satisfacción del cliente y la seguridad jurídica de la transacción comercial exigen también una estrecha vigilancia psicológica de las embarazadas para poderlas entrenar de manera que no establezcan vínculos emocionales con la criatura, acepten que el bebé no les pertenece y pueda cortarse de raíz cualquier posibilidad de arrepentimiento postparto, que tanto desluce el mito del consentimiento⁷.

Si se normalizan los vientres de alquiler como «alternativa laboral» a la pobreza y la precariedad, individualizando la solución de problemas sistémicos y colectivos, se normalizará la violencia estructural que empuja a las mujeres a participar en este mercado. Claro que, una vez abierta la veda, ¿por qué debería pararse en los óvulos, el esperma, los embriones o los vientres? ¿Qué nos impediría la diversificación del mercado hacia la venta de órganos para ricos?

Falsos debates, falsas transgresiones y los límites del deseo

Contrariamente a lo que pretende dar a entender la ecléctica retórica utilizada para legitimar los vientres de alquiler, no nos encontramos ante una propuesta audaz que abre la puerta a «nuevos modelos de familia». Hablábamos anteriormente de la obsesión con la eliminación de todo rastro de la mujer gestante de los registros oficiales de los bebés. La exigencia del vínculo biológico como requisito para considerar como «propio» un hijo o hija no hace sino perpetuar la versión más reaccionaria y conservadora de la familia. Las mismas voces que convierten en derecho absoluto el deseo de descendencia biológica, literalmente a cualquier precio, se atreven a calificar de «feministas liberticidas» a las cada vez más numerosas voces contrarias a los vientres de alquiler⁸.

Efectivamente, son estas mismas «feministas liberticidas» las que llevan años batallando contra esta derecha ultraneoliberal para que las familias no heteronormativas (gays, lesbianas y mujeres sin pareja) no sean discriminadas en los procesos de adopción o acogida de criaturas, ni tampoco en los tratamientos de fertilidad o de inseminación artificial en la sanidad pública. Estas libertades, que sí que hablan de diversidad familiar, sin embargo, no forman parte de la agenda del lobby pro-vientres de alquiler. Cuando hablan de «derecho a la familia» lo hacen únicamente para legitimar —en virtud de un deseo absoluto y de su capacidad económica— la vulneración de la salud reproductiva de miles de mujeres de todo el mundo, con el objetivo de acceder a un tipo muy concreto de familia, que nada tiene de transgresor.

La gestación «altruista»: la falsa posición moderada

A pesar de que la alternativa «suave», llamada «gestación subrogada altruista», no responde a las exigencias de Ciudadanos, Partido Popular ni asociaciones pro-vientres de alquiler, esta opción se nos presenta cada vez más como una presunta «tercera vía». Esta propuesta tampoco es asumible desde un feminismo anticapitalista consecuente y merece, como mínimo, tres puntualizaciones. En primer lugar, la modalidad concreta de gestación altruista que se ha puesto sobre la mesa contempla compensaciones económicas y/o en especie por las «molestias» causadas, las cuales no dejan de estar vinculadas a cláusulas de penalización económica. Un altruismo ejercido bajo la amenaza en caso de arrepentimiento es como pedir voluntarios obligatorios: una contradicción in terminis.

En segundo lugar, en lo que se refiere al altruismo en materia reproductiva, las mujeres del Estado español ya tenemos cierta experiencia acerca de cómo y de qué manera acaba concretándose . Y es que el Estado español es potencia mundial en una pieza clave del negocio de los vientres de alquiler: la donación de óvulos. Se trata, efectivamente, de una modalidad tan desinteresada que su promoción, a diferencia de la donación de sangre o médula, está a la práctica monopolizada por las clínicas privadas de reproducción asistida. Es un secreto a voces⁹ que existen pagos —clandestinos, puesto que tanto la compraventa de órganos y tejidos como la de óvulos están totalmente prohibidas—. Lo que no se explica con tanta frecuencia son los efectos secundarios sobre la salud presente y la fertilidad futura de las “donantes”. La donación de óvulos exige una hiperestimulación ovárica con hormonas y punciones con anestesia local para la extracción de óvulos, con unos efectos secundarios nada desdeñables. Las complicaciones médicas durante el proceso quedan al margen del contrato “altruista” de “donación”, dejando a su suerte a estas mujeres¹⁰.

En tercer lugar, legalizar la modalidad «altruista» de los vientres de alquiler implica reconocer y legitimar como derecho lo que no es sino un deseo, una transformación conceptual clave, de nuevo, para extenderlo legítimamente a otras modalidades, especialmente si el altruismo espontáneo no cubre toda la demanda potencial¹¹. Son frecuentes las argumentaciones que establecen paralelismos entre la gestación subrogada altruista y la donación altruista de órganos —modalidad, esta última, muy tasada, acotada y vigilada—. Nos encontramos, nuevamente, ante un intento tramposo que pretende equiparar la necesidad de un órgano o el derecho a la salud con el derecho a comprometer la salud y la soberanía reproductiva de una mujer por el deseo de perpetuarse biológicamente.

La libertad de mercado no es ni nunca será feminista

La ofensiva para legalizar los vientres de alquiler plantea debates ineludibles a los feminismos. Discusiones que no podemos obviar en una coyuntura en la que, tal como denunciamos el pasado 8 de marzo, el capitalismo está redoblando sus mecanismos de violencia patriarcal, simbólica, física, económica y social contra las mujeres. El de los vientres de alquiler es un debate que nos obliga a afirmar categóricamente que no podemos tolerar como una fatalidad que los mercados generen una división entre mujeres y hombres de primera (con derecho a invadir los cuerpos de otras mujeres) y mujeres de segunda, cuyo derecho a la salud y soberanía reproductiva, política, económica y social sea amenazado por el riesgo de convertirse, en toda su corporalidad, en puras mercancías. El feminismo consecuente no puede ceder al chantaje de los deseos arbitrarios de una minoría que ya hoy día está explotando la vulnerabilidad social de las mujeres del sudeste asiático y de los países más castigados por los planes estructurales de la Troika.

La solidaridad de clase, feminista e internacionalista exige que nos opongamos a una vulneración radical del derecho de las mujeres a no ser deshumanizadas, a ser seres humanos en toda su plenitud y no sólo medios para un fin clasista, racista y eugenésico. El feminismo de clase no puede estar impasible ni legitimar el deseo de una élite para explotar reproductivamente ninguna mujer del mundo. No podemos caer en la trampa del etnocentrismo clasista y neocolonial que, mientras llora de empatía ante la frustración de unos por no poder ser padres/madres biológicos, deshumaniza y desprecia el derecho a la salud y los derechos fundamentales de mujeres cuya capacidad de negociación «contractual» viene marcada por la necesidad material¹².

¿Es casualidad que, en plena crisis capitalista, de búsqueda desesperada de nuevos mercados, repunten las «industrias reproductivas»¹³? ¿Podemos obviar que la presión para la legalización de los vientres de alquiler se está produciendo en el contexto de mayor feminización internacional de la pobreza? Si no ponemos freno a la cosificación de las mujeres en esta coyuntura, lo que se nos está presentando como una opción personal e individual acabará consagrándose —junto con otras industrias focalizadas sobre el cuerpo de las mujeres— como una alternativa forzosa para las mujeres más humildes. La legalización de los vientres de alquiler pone en alquiler el útero de todas las mujeres con problemas económicos.

Concluyendo a modo de recapitulación de emergencia. Tener descendencia es una capacidad biológica, no un derecho ni una necesidad vital. Los deseos individuales no son derechos universales ni su satisfacción justifica la explotación de nadie. Las mujeres de clase trabajadora no somos incubadoras humanas al servicio del capricho de una élite que impone el deseo de una «familia biológica», somos seres humanos completos y nuestra salud y soberanía reproductiva no deben condicionarse a nuestra capacidad para escapar del chantaje del mercado y la violencia estructural del capitalismo patriarcal. La solidaridad de clase, feminista e internacionalista exige de nosotras no sólo frenar la pretensión de legalizar los vientres de alquiler en nuestro territorio sino también señalar la explotación y abuso de poder que ejercen con sus billeteras sobre nuestras compañeras de otros países del mundo. El capitalismo patriarcal ya no sólo hace de nuestros cuerpos un campo de batalla, sino que persigue en ellos un nuevo y floreciente mercado. Es por ello que nos corresponde rechazar sin titubeos esta renovada ofensiva de acumulación capitalista basada en la desposesión de nuestra salud y soberanía reproductivas.

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Este artículo es una traducción revisada del texto originalmente publicado en L’Accent «Ventres de lloguer qui pot pagar no ha de manar sobre el cos de cap dona«. 

* Isabel Benítez es militante de la Coordinadora Obrera Sindical, Maria Colera es militante d’Endavant-OSAN i de la CUP de Barcelona