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“Estados en transición: nuevas correlaciones de fuerzas y la construcción de la irreversibilidad”: Íñigo Errejón

1. Introducción: de pensar el acceso al Estado a pensar su transformación.*



 

Hay un pequeño cambio con respecto al tema y al título de la breve explicación que pretendía dar aquí. Ayer, cuando discutíamos sobre cómo aprovechar un espacio rico de discusión para poner encima de la mesa y problematizar algunas de las líneas centrales de una cierta tendencia de cambio de época en América Latina, veíamos que el título que originalmente tenía esta ponencia sitúa el foco muy atrás en el tiempo. Se ha producido abundante literatura y ha habido muchas discusiones sobre cómo han sido los fenómenos que han transformado crisis orgánicas y crisis de Estado en gran parte de los países latinoamericanos (con diferentes intensidades y ritmos) y una suerte de expansión horizontal del descontento, en fenómenos de cambio político y acceso al Estado de coaliciones de grupos sociales que hasta entonces desempeñaban un rol subalterno -esto es: un rol secundario en la distribución de la capacidad de intervención política, capacidad de representación cultural o capacidad de acceso a las instituciones-. Esto está bastante estudiado, lo que no significa que no se deba seguir profundizando por esa línea. Antes bien, ha sido tal la intensidad del cambio político en países con procesos de, digamos, transición estatal, ha sido tal la intensidad y velocidad de estas experiencias de cambio político que, aunque estamos hablando de cosas que sucedieron hace sólo una década, pareciera que hablamos de fenómenos que hemos dejado muy atrás. Unos fenómenos donde el ciclo de movilizaciones, eventualmente, cristalizan en procesos de acceso al Estado de estas coaliciones subalternas.



 

Por tanto, la velocidad de los procesos de cambio político y transformación han ido más rápido que la reflexión académica-intelectual y han dejado viejas algunas discusiones o, al menos, ya sedimentadas. Y se han abierto discusiones nuevas sobre las cuales hay mucho menos producido. En esa línea quería orientar mi explicación.



 

  1. Dos interpretaciones erróneas: ni fin de la historia ni mero recambio electoral


Considero que hay dos interpretaciones erróneas y peligrosas acerca de este acceso al Estado de estas coaliciones de clases subalternas o bloques populares en formación. Hay dos interpretaciones que son peligrosas, que no abren caminos para la reflexión ni para entender los procesos internos de cambio político en esos Estados sino que más bien los cierran. ¿Cuáles son esas interpretaciones? Por una parte, una explicación que se (sea en su versión liberal o en su versión de izquierdas) es una utopía más o menos reaccionaria del fin de la Historia: ya llegamos. En la versión teleológica de izquierdas: llegaron los buenos al Estado y ahora que ya hemos llegado se tratará de hacer las cosas bien. El fin de la disputa. Es una utopía sobre el fin de los conflictos que lleva a la invisibilización de los conflictos realmente existentes.


La otra interpretación, más modesta y también errónea, es la de la alternancia. Es decir: lo que hubo fue un poco de descontento y ha habido cierta alternancia en las élites. Las posiciones de poder institucional las ocupan unos u otros actores pero esas posiciones son un campo plano: un día las ocupa uno y otro día las ocupa otro. Según esta interpretación, el Estado es como un coche donde hay disputas para decidir quién lo conduce, pero que una vez se toma el volante se maneja en la dirección que uno quiere y sólo rinde cuentas cada cuatro años.

Estas dos interpretaciones oscurecen las cosas más que aclararlas. Por una parte porque el Estado (objeto fundamental de nuestra disquisición) no es un terreno plano en el que se encuentran lo actores. Es un campo de disputa, pero nunca es plano porque está marcado por una sedimentación o acumulación histórica de fuerzas que se han consolidado: instituciones, sentido común, hábitos, etc. Así que, cuando una parte de las fuerzas populares acceden a una parte del poder político, acceden a una parte del poder político más o menos cercada, acceden a un territorio relativamente hostil que tiene inercias, contra-poderes conservadores en su interior, que trabajan contra la posibilidad de que las aspiraciones de las mayorías populares se conviertan en una ordenación jurídica-institucional y de políticas públicas de nuevo tipo. Así que no acceden a un terreno plano: juegan en una cancha más o menos inclinada, con once o menos jugadores, etc. Y no digo esto por victimismo o para justificar las deficiencias, si no para entender que la pelea en el Estado no es un campo plano.


Pero por otra parte, el acceso al Estado es el acceso a una máquina que funcione en una única dirección. El Estado es una máquina que responde a un equilibrio complejo y siempre cambiante de fuerzas en su interior. Normalmente, la vida institucional tiene que representar la normalidad y la estabilidad. Tiene que representar que las instituciones son espacios neutrales y más o menos “naturales”. Pero como analistas tenemos que diagnosticar que la estabilidad no es lo opuesto al conflicto, sino el resultado de equilibrios siempre precarios entre fuerzas en conflicto. Creo que, en los países donde se ha producido la ruptura populista -y aquí uso el término en el mismo sentido en que lo apuntó antes Esteban [de Gori]: no de forma peyorativa, como en su uso “vulgar” o “mediático” contra los gobiernos progresistas [latinoamericanos] sino como la construcción de una identidad política mayoritaria a través de la dicotomización del campo político, en la interpelación del pueblo entendido como un sujeto amplio y relativamente ambivalente constituido por su exterioridad para con las élites tradicionales-; en los gobiernos surgidos después de las rupturas populistas (y yo aquí estoy pensando en las experiencias que más he estudiado: Bolivia, Ecuador y Venezuela; sin que esto signifique establecer plenas coincidencias entre los tres procesos, pues soy consciente de que existen diferencias en el acceso al poder, en la relación con tejidos sociales unas veces más fuertes y otras menos, en la relación de estos con el Estado, etc.) nos encontramos la siguiente situación: gobiernos de signo progresista o popular que acceden al poder representando una aspiración mayoritaria de los sectores históricamente desfavorecidos de sus países. Y una vez que se produce este acceso al poder, llevan a cabo un movimiento de expansión de la soberanía popular, es decir: una ampliación del conjunto de cuestiones discutibles por la gente normal, por expresarlo en términos muy sencillos. Es decir, una extensión del abanico de cuestiones que son y pueden estar bajo control de la voluntad popular, llevadas más allá de la elección de los representantes políticos –que es muy importante- pero llevarlo a otros terrenos: relaciones inter-étnicas, relaciones de género, regulación económica, de los recursos naturales, regulación de la política nacional e internacional, la gestión de los medios de comunicación, etc. Se expande el radio de acción de la soberanía popular y aumenta el conjunto de cosas que pueden ser decididas por los muchos.


Al hacer eso se produce lo que podríamos denominar –usando un concepto viejo pero tremendamente útil- una “guerra de posiciones” al interior del Estado. Se trata de un poder político de signo progresista apoyado en la movilización (o en invocación de la posible movilización de los sectores desfavorecidos), que hace uso continuo de ella como una baza de negociación y disputa con los núcleos conservadores en el Estado. ¿A qué me refiero al hablar de núcleos conservadores en el Estado? Me refiero a todos los poderes que han resistido en el interior del Estado a la irrupción plebeya en este. Aquí tengo que hacer una nota al pie: cuando hablo del interior del Estado no me refiero sólo a las instituciones que formalmente se reconocen como públicas, sino al conjunto de instituciones que determinan en qué sentido evoluciona esta correlación de fuerzas que es el Estado. Y ahí hay muchos actores que durante la etapa neoliberal se calificaron de actores “privados” para tratar de excluirse de la pugna política y colocarse por encima de la posibilidad de ser democratizados: es el caso de las Cámaras de Comercio, los medios de comunicación, grupos de presión, también de una parte de los servidores públicos y el funcionariado que a menudo rema consciente o inconscientemente por las inercias adquiridas.



3. Guerra de posiciones en el Estado y las tareas simultáneas de los gobiernos populares


Tenemos, por tanto, un poder de signo progresista-popular que gobierna en una interacción compleja y conflictiva con núcleos de resistencia conservadora-oligárquica contrarios al cambio.


Quería hacer al respecto dos caracterizaciones grandes que dejaré abiertas para la discusión posterior y porque se trata de una línea de investigación en desarrollo. Una es en torno a cómo ha sido este Estado de estos bloques populares en formación y algunas de las tareas que han tenido y tienen que resolver. La otra es sobre algunos retos de futuro para consolidar e institucionalizar esta irrupción plebeya en el Estado: lo que querría discutir como el problema de la “irreversibilidad relativa” que ahora explicaré.


¿Cómo ha sido el acceso al Estado? Los gobiernos que acceden al Estado, y que se conforman como resultado de las rupturas populares de las que hemos hablado se encuentran una situación complicada. Esta se caracteriza por la multiplicidad y diversidad y a veces incluso contradicción con las tareas que tienen que llevar a cabo. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar porque acceden al Estado como llave institucional que abre el terreno de la política oficial a demandas populares postergadas y por tanto tienen una obligación de dar una respuesta inmediata a esas demandas: el empobrecimiento, la empeoramiento de las condiciones laborales, invisibilización o expulsión de una parte de la ciudadanía como resultado de las políticas neoliberales y en algunos casos como resultados de unos Estados marcados desde su nacimiento por carácter oligárquico y colonial). Tienen, por tanto, en primer lugar una tarea de reconstrucción del terreno social: operan en sociedades fragmentadas y fuertemente golpeadas por años de desestructuración y empobrecimiento de las mayorías. Este terreno en el que operan estos gobiernos no sólo se refleja en cuestiones de política económica, también se percibe en las dificultades para llevar a cabo una política de seguridad (dado que tienen que hacer frente al resultado de décadas de desestructuración del terreno social, envilecimiento de los valores sociales y ruptura del tejido comunitario), por poner uno de los ejemplos más acuciantes y menos discutidos. Pero al mismo tiempo tienen que transformar la estructura económica heredada (a esto se referirá en su ponencia Alfredo [Serrano] y tienen que hacerlo redistribuyendo ya. Esto es muy importante: no pueden hacer planes a quince o veinte años en los que pospongan la redistribución inmediata para producir un salto más o menos “virtuoso” en el modelo productivo (esto se lo pueden permitir gobiernos autoritarios o autocráticos pero no gobiernos fuertemente democráticos que tienen que rendir cuentas en las urnas, y esta es la tercera tarea, con más intensidad y frecuencia que los gobiernos de las democracias liberales).


Por tanto son ejecutivos que no sólo son evaluados por los proyectos de largo plazo si no que han de responder ya, de inmediato, habitualmente de año en año frente a demandas crecientes. Se da también una situación paradójica por la cual estos gobiernos se han puesto dificultades a sí mismos, al generar expectativas sobre la población respecto de lo que pueden recibir del Estado. ¿Cómo ha pasado esto? Esto se debe a que los procesos constituyentes que transforman las reglas de juego y la respuesta en el día a día de las políticas públicas han instaurado una idea muy simple pero que tiene implicaciones de muy hondo calado: el derecho a tener derechos. La inclusión simbólica, que es casi tan importante como la redistribución material, ha producido una espiral ascendente de demandas y expectativas por las cuales las poblaciones exigen crecientemente más, son conscientes de tener derecho a más, y se asumen con derecho a más cosas en el contrato social (en la medida en que este ha sido re-escrito y la relación entre las poblaciones y el Estado, aún en los sectores más desfavorecidos, se define por un alto nivel de exigencia: “si usted me ha dicho que la patria era de todos, ahora se lo voy a exigir en cada cita electoral”). El resultado de esto ha sido la intensificación de la vida y la disputa política y una elevación de los baremos de aprobación política. Esto es magnífico desde el medio y largo plazo para el cambio de un país en términos de inclusión, pero son malísimas noticias en el corto, porque pone en dificultades la rendición de cuentas habitual de estos gobiernos de signo progresista en América Latina.


A la vez, han tenido que librar esta guerra de posiciones en el estado, es importante decirlo, con pleno respeto al ejercicio de todos los derechos y garantías. Y han tenido que librar esta guerra de posiciones en una escala no sólo nacional si no también internacional: deben funcionar en el día a día pero también resistir los intentos de cerco y hostigamiento de los poderes conservadores dentro y fuera de sus fronteras. Por último, en una cuestión simbólica pero no menos importante: son algo más que gobiernos nacionales, son gobiernos que han sido (sobre)cargados con la terrible responsabilidad ideológica e histórica de ser los renovadores de las esperanzas de una política en sentido contrahegemónico, progresista y de avance de las mayorías populares, a escala internacional, que sobrepasa la barrera de América Latina. Esto significa que se les valora de acuerdo con unas expectativas muy altas en términos globales porque han sido los únicos que, en un momento marcado por el cinismo político y el abandono de las mayorías populares de los escenarios de la política cartelizados por élites muy cerradas a nivel mundial, sin embargo los gobiernos de américa latina con sus límites, contradicciones, errores y aciertos, están sobrecargados por una valoración internacional que pone sobre sus hombros el peso de ser los que demuestren que (en términos de la retórica política) “otro mundo es posible” o que “se puede avanzar en otro sentido”. Y lo tienen que demostrar ya. Lo tienen que demostrar compatibilizando la eficacia con la democratización, la sostenibilidad ecológica con el desarrollo, la redistribución de la riqueza con el cambio de la matriz productiva, el reforzamiento del Estado –porque sin máquina política no hay posibilidad de regulación en un sentido progresista- con a la vez la transformación del Estado en un sentido democrático y descentralizador (fortalecimiento y debilitamiento simultáneo), etc. Todas estas dificultades enormes deben situarnos ante una caracterización que nos permita comprender mejor la segunda fase tras la ruptura popular: la de la guerra de posiciones en el Estado que se da en este cambio de época.




4. La construcción de la irreversibilidad


Con respecto a algunos de los retos, me parece que en la medida en que no estamos hablamos exclusivamente de una alternancia o relevo de élites en el plano electoral, sino que hablamos de un cambio que implica algo más, que no van a dejar el Estado incólume como un resultado electoral transitorio, si no que impactan sobre el conjunto de la estructura Estatal (y me veo obligado a recordar de nuevo que no me refiero sólo a la arquitectura institucional sino también a la estructura social del país, la cultura e imaginarios, las formas de representación, de acceso a la política, la idea del contrato social por la que uno aprende a qué tiene derecho y conforma su relación con lo público, etc.). En la medida en que pasan sobre los Estados como una fuerza que los impacta y que los transforma, algo que se simboliza más fácilmente en los procesos constituyentes pero que hay que transformar luego en una realidad material, estamos hablando del reto de la “irreversibilidad”. No obstante debemos poner en términos relativos porque, afortunadamente, nada es irreversible en la democracia, que nada esté atado definitivamente es una expresión y garantía de libertad. ¿Cómo se hace para que esa irrupción en el Estado de mayorías populares en la construcción de un bloque popular nuevo impacte de tal forma en el Estado para que nada vuelva a ser como antes después de su paso? ¿Cómo se hace esto?

Antes de apuntar algunas respuestas, quiero citar un ejemplo de signo contrario extraordinariamente útil para pensar en ello: la construcción de los Estados neoliberales en Europa. ¿Cómo hizo el neoliberalismo para que mayorías electorales concretas, efímeras como todas las mayorías electorales, dejaran una huella tal en el Estado para que incluso opciones políticas de signo contrario tuvieran que gobernar también en una forma similar? Estamos hablando de la cuestión clásica de la hegemonía: no sólo del liderazgo si no la construcción de un terreno tal, que incluso tu adversario tenga que disputarte el liderazgo con tus palabras, en tus términos y en tu territorio. Por tanto, la alteración de las reglas de juego y los parámetros mismos de la política. Siempre me gusta citar (y perdonadme el mal gusto) a la señora Margaret Thatcher a la que cuando se le preguntó al dejar su mandato “¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecha?” contestó: “del partido laborista, del nuevo laborismo”. Esto es: de haber transformado Inglaterra en un sentido tal que incluso para derrotarme el laborismo tuviera parecerse mucho a mí. Uno de los artífices de la constitución post-pinochetista en Chile dejó escrito un maravilloso ejercicio de realismo político que tenemos que agradecer, como analistas: “se trata de hacer una constitución tal que, incluso cuando gobierne el adversario lo haga de forma muy parecida como lo haríamos nosotros”. Esto no significa que desaparezcan las libertades si no que es la construcción de un Estado, una acumulación de instituciones, de cultura, de estructura social, en el cual incluso las opciones políticas de signo diverso o incluso antagónico al de uno, gobiernen en una dirección similar. Y prever cómo sedimenta el cambio de época incluso para cuando no se esté en el gobierno, incluso cuando las mayorías electorales cambien de signo y sean construidas en otro sentido, que es algo que por cierto sucede siempre e inexorablemente en los sistemas democráticos.


Algunas cuestiones para “aquilatar” este cambio de época, y disculpadle si soy telegráfico porque me temo que he consumido demasiado tiempo y las podremos discutir después:


1.      La transformación o renovación de ese inicio o potencial de bloque histórico que accedió al gobierno y que ha cambiado en, al menos, dos sentidos. ¿Por qué ha cambiado? Porque el ejercicio del poder obliga a optar. Y cuando optas se fragmentan las coaliciones muy amplias, que se fraguaron en un sentido destituyente. Era más fácil fraguar coaliciones muy amplias contra los gobiernos neoliberales del empobrecimiento, pero cuando uno tiene que gobernar las coaliciones se fragmentan. Ahora hay que asignar recursos públicos y establecer prioridades y eso siempre divide. Las alianzas se tienen que reconstruir una vez se dividen, y no sólo en un sentido político sino también social, y esto conecta con la segunda cuestión.


2.      A menudo, las políticas redistributivas han ampliado la base de las clases medias que, si bien siguen siendo demográficamente minoritarias sí son cultural definitivas para el ejercicio del poder político y la hegemonía en América Latina. Y al haberse ampliado, algunas de las clases medias se ven en la posibilidad –o en algunos sitios ya es una realidad- de abandonar las opciones políticas a las que apoyaron en un inicio y que les facilitaron un cierto ascenso social (normalmente por la vía de liberar renta por la consolidación de derechos, para los que ya no hay que dedicar renta de las familias, que permite por ejemplo la democratización del consumo). Esta es una de las cuestiones centrales: la renovación de lo que podrían ser “bloques históricos del cambio de época” integrando a los nuevos sectores sociales y fidelizándolos en el Estado, en el uso de los derechos, de los servicios públicos, e integrándolos al nuevo contrato social con sus nuevas demandas y aspiraciones no con las que tenían hace diez años, acompañándoles en el tránsito y pugnando porque este no tenga sólo un sentido consumista. Si no, los procesos de cambio se erosionan su propia base social sin remediarlo ni renovarla.


3. La tercera cuestión, y lo digo de forma telegráfica, es la transformación de la cultura y los hábitos, que es muy compleja. Se trata de sedimentar un sentido común que haga posible algo muy difícil de imaginar: la construcción de una “normalidad revolucionaria”. Que convierta lo que ayer era heroicidad en cotidianeidad, porque la gente no es heroica todo el tiempo, ni está asaltando el palacio de invierno, se suele ir a casa. Y para que ese irse a casa no se convierta en un repliegue conservador hay que convertir los valores del cambio en valores de la normalidad y la cotidianidad.


4. La cuarta es convertir las grandes promesas en políticas públicas que no requieran un ejercicio permanente de inyección de pasión política, porque esta es fundamental pero no está siempre ahí. Para cuando no está ahí hacen falta instituciones y políticas públicas que funcionen con la mayor estabilidad y normalidad posible, convirtiendo en realidad material concreta y diaria las promesas de inclusión simbólica.


5.      Y la última es la cuestión relativa a la relación democratización y la eficacia. Es fundamental el ejercicio de la eficacia, que es al fin y al cabo en gran medida por lo que son evaluados los gobiernos, pero yendo de la mano de una expansión de la democratización: de la participación no sólo electoral sino la intensificación política de la participación popular, protagónica de los muchos, en el día a día. Porque si no el adversario te derrota fácilmente en cuanto asume competir en un campo discursivo de la hegemonía posneoliberal y se ofrece como gestor mejorado de lo existente. Y al mismo tiempo hace falta una gestión ambivalente de la hegemonía, de la frontera. ¿A qué me refiero con esto?: la construcción de un pueblo requiere siempre la construcción de un “afuera”, de algo que no es el pueblo, de un “anti-pueblo”. Y en la gestión del anti-pueblo, uno tiene que tender a reconciliar al conjunto de la comunidad política pero a la vez un gobierno popular no puede disolver el antagonismo, no puede “gobernar para todos”. Es más, no puede dar siquiera la imagen de que gobierna para todos porque eso sería tanto como disolver la identidad popular que lo ha hecho mayoritario. En esa gestión entre la inclusión y la afirmación de la disputa, que puede ser democrática pero que necesita el conflicto, se mueven, quizá, las posibilidades de renovación de la hegemonía para la siguiente década; para convertir lo que ha sido una irrupción plebeya en una transformación estatal que marque la siguiente época.


* El artículo es una transcripción, revisada y editada por el autor, de la ponencia del mismo título dictada en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito el 27 de febrero de 2014. El autor agradece especialmente a Marxismo Crítico, a Leidy García, Marcos Martínez y a Daniel Trebaruna por su colaboración desinteresada para que este texto viese la luz.

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Íñigo Errejón
Doctor e investigador en Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid


Transcripción de la ponencia dictada en el seminario: “América latina en la disputa geopolítica mundial” organizado por CELAG e IAEN el 27 de febrero de 2014 en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, Ecuador.


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