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“Los puntos de la brújula: hacia una alternativa socialista”: Erik Olin Wright

Durante casi todo el siglo XX, el socialismo constituyó la matriz ideológica central para imaginar alternativas al capitalismo y orientar las luchas anticapitalistas, aun si el establecimiento de un orden socialista no era un objetivo político inmediato. Pero si bien las disposiciones institucionales históricamente vinculadas al socialismo se consideran ahora incapaces de cumplir sus promesas, muchas de las críticas socialistas tradicionales del capitalismo parecen más apropiadas que nunca: la desigualdad, la polarización económica y la inseguridad en el empleo empeoran; corporaciones gigantes dominan los medios de comunicación y la producción cultural; la política es cada vez más sumisa hacia los grandes capitalistas y más insensible hacia los necesitados. La urgencia de una alternativa real al capitalismo es mayor que nunca.

Mi objetivo en este ensayo es proponer un marco para las eventuales alternativas al capitalismo a partir de la observación de que tanto la democracia social como el socialismo contienen el término «social»1. Este término sugiere normalmente un compromiso con el bienestar de toda la sociedad, más que con los estrechos intereses de elites particulares. En las versiones más radicales se confronta la «propiedad social» con la «propiedad privada»; pero en la práctica aquélla se ha reducido habitualmente a la propiedad estatal, por lo que el concepto de «propiedad social» acaba resultando de poca ayuda para el trabajo analítico. Argumentaré que lo «social» puede indicar un conjunto de principios y visiones que diferencian al socialismo tanto del proyecto capitalista como de lo que se puede llamar una respuesta puramente estatista al capitalismo. Estos principios giran en torno a lo que llamaré «incremento del poder social». En la primera parte situaré el problema de repensar el socialismo en el seno de una agenda más amplia de teoría social emancipadora. En la segunda parte presentaré una crítica sinóptica del capitalismo, señalando los problemas para los que el socialismo pretende ser una solución. En la tercera parte exploraré el problema general de elaborar alternativas institucionales creíbles a las estructuras existentes de poder y privilegio. En ella concretaré la idea de «incremento del poder social» y explicaré qué podría significar un socialismo basado en ésta. En la cuarta parte propondré un conjunto de vías al poder social que abarcan los principios de un socialismo «social». La quinta parte pone fin al ensayo con un análisis del problema de la transformación.

I. TAREAS DE LA CIENCIA SOCIAL EMANCIPADORA

La ciencia social emancipadora, en sus términos más amplios, trata de generar conocimiento relevante para el proyecto colectivo de acabar con la opresión y crear las condiciones en las que la gente pueda vivir una vida satisfactoria. Denominarla ciencia social, en vez de crítica o filosofía social, supone reconocer la importancia para esta tarea del conocimiento científico sistemático sobre el funcionamiento del mundo2. Llamarla emancipadora supone señalar su principal objetivo moral: la eliminación de la opresión y la creación de condiciones para la prosperidad humana. Y llamarla social indica una creencia en que la emancipación depende de la transformación de las relaciones sociales, y no sólo de la subjetividad. Para llevar a cabo su misión, cualquier ciencia social emancipadora debe afrontar tres tareas básicas: primero, elaborar un diagnóstico y una crítica sistemática del mundo tal como existe; segundo, estudiar las alternativas viables; y tercero, analizar los obstáculos, posibilidades y dilemas de la transformación. En distintos momentos históricos uno u otro de esos aspectos puede ser más acuciante que otros, pero todos ellos son necesarios para una teoría emancipadora general.

Diagnóstico y crítica

El punto de partida para una ciencia social emancipadora no es simplemente mostrar que en el mundo hay sufrimiento y desigualdad, sino demostrar que la explicación de esos males reside en las propiedades específicas de las instituciones y estructuras sociales existentes, y señalar las formas en que perjudican sistemáticamente a la gente. La primera tarea, así pues, es el diagnóstico y crítica de los procesos causales que generan esos males.

Éste suele ser el aspecto más sistemático y desarrollado de la ciencia social emancipadora. En el caso del feminismo, por ejemplo, muchos textos se ocupan de explicar cómo las instituciones y relaciones sociales existentes generan diversas formas de opresión de las mujeres. El objetivo de tales investigaciones es mostrar que las desigualdades de género no son debidas a la «naturaleza», sino que son producto de procesos sociales. Los estudios del mercado laboral han insistido en aspectos tales como la segregación por sexo en el trabajo, los sistemas de evaluación que postergan los rasgos culturalmente definidos como femeninos, las discriminaciones en los ascensos, los dispositivos institucionales que sitúan en desventaja a las madres trabajadoras. Los estudios culturales feministas han puesto de manifiesto las formas en que un amplio abanico de prácticas en los medios, la educación, la literatura, etcétera, han reforzado tradicionalmente las identidades y estereotipos de género. Los análisis feministas del Estado han examinado las formas en que las estructuras políticas estatales han enraizado sistemáticamente la subordinación de las mujeres y diversas formas de desigualdad de género. Se podría presentar un conjunto parecido de observaciones en relación con las investigaciones empíricas inspiradas por las tradiciones del movimiento obrero, por las teorías de la opresión racial o por el ecologismo radical.

El diagnóstico y la crítica están estrechamente relacionados con cuestiones de justicia social y teoría normativa. Afirmar que determinado orden social genera «daños» supone añadir al análisis un juicio moral. Tras cada teoría emancipadora existe, pues, una teoría implícita de la justicia: una concepción que se refiere a las condiciones que deberían satisfacer las instituciones de una sociedad para que se pueda considerar justa. Una exploración a fondo de la teoría normativa que subyace a la crítica del capitalismo queda más allá del ámbito de este ensayo; pero dicho en pocas palabras, el análisis que sigue se basa en lo que se podría llamar una concepción radicalmente igualitaria y democrática de la justicia, y más concretamente en dos cláusulas normativas en sentido amplio, una que atañe a las condiciones para la justicia social, y otra que se remite a las condiciones para la justicia política:

Justicia social: en una sociedad justa, todos y todas gozan del mismo acceso, en general, a los medios materiales y sociales necesarios para vivir y llevar una vida satisfactoria.

Justicia política: en una sociedad políticamente justa, todos y todas deben contar con el mismo poder para contribuir al control colectivo de las condiciones y decisiones que afectan a su destino común, lo que debe entenderse como un principio de igualdad política y de poder colectivo democrático.

Consideradas conjuntamente, estas dos cláusulas proponen una sociedad que profundice la calidad de la democracia y amplíe su ámbito de acción, en condiciones de radical igualdad social y material. El problema, evidentemente, consiste en mostrar cómo pueden ponerse en práctica esos principios.

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