Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.

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