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“A 40 años de la derrota de la Unidad Popular en Chile: Lecturas históricas y lecciones políticas”: Juan Pablo Vera Yáñez

El presente artículo busca describir y caracterizar tres de las principales lecturas e interpretaciones históricas que se han hecho del golpe militar que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende y dio inició a 17 años de dictadura. A la lectura legitimadora del golpe y a la visión de los derrotados, se suma también la interpretación que llevaron a cabo algunas de las fuerzas políticas que, a comienzos de la década de 1990, asumieron el gobierno de Chile y preservaron gran parte del modelo político-económico dictatorial. El artículo concluye con un breve esbozo de algunas lecciones que el gobierno de la Unidad Popular deja a quienes buscan continuar su legado político, especialmente en el actual período de resurgimiento de los movimientos sociales en Chile.

El 11 de septiembre de 2013 se cumplen ya 40 años de ese caótico y sanguinario día en que las fuerzas armadas chilenas, aliadas a la derecha local y el imperialismo norteamericano, derrocaron al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. A la cabeza de la Unidad Popular, una coalición política amplia liderada por socialistas y comunistas, Allende se había propuesto la realización de un vasto programa de reformas –nacionalización de recursos naturales, industrias estratégicas y bancos; profundización de la reforma agraria; mejoramiento del nivel de vida de los sectores postergados de la población: trabajadores, campesinos y pobladores, entre otras-; todas las cuales se encaminaban a la construcción de una futura sociedad alternativa al capitalismo, cuyos principios no surgirían de la implantación de modelos ajenos a la realidad nacional, sino en base a la propia experiencia y creatividad del movimiento popular chileno y sus representantes políticos. En palabras del propio Allende, una “vía chilena al socialismo”.

Aquel 11 de septiembre de 1973 ese proyecto fue derrotado y se dio inicio a los 17 años de dictadura del general Augusto Pinochet que, mediante la represión y la cooptación, transformaron de raíz a la sociedad chilena, imponiendo la economía neoliberal más extrema del planeta y una Constitución política que garantizaba el predominio del autoritario proyecto histórico de la derecha chilena. Cuando hacia 1989 los chilenos volvieron a votar por un nuevo presidente, el demócrata cristiano Patricio Aylwin, las fuerzas de la antigua Unidad Popular ya no eran las mismas que antes: los comunistas habían sido diezmados por la represión y a comienzos de la nueva década se hallaban en medio de una crisis político-ideológica que los volvió incapaces de influir efectivamente en el nuevo escenario que se abría; la mayoría de los socialistas habían experimentado un proceso de renovación ideológica, común a las izquierdas de todo el mundo, que los impulsaría a alinearse con la Democracia Cristiana, en una fórmula de gobierno que, a la larga, preservaría los elementos fundamentales del orden político y económico dictatorial; finalmente, el movimiento popular chileno, víctima de la represión y de las transformaciones estructurales de la economía chilena: supresión de la matriz desarrollista, reformas laborales y precarización del empleo; se encontró a comienzos de la década de los noventa en una situación de completa impotencia frente al curso de los eventos históricos, sucumbiendo a la lógica clientelar promovida por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, o a una cruda desmoralización política e ideológica.

En resumen, el golpe de Estado de 1973 ha determinado de manera radical la historia reciente de Chile. Es por ello que las sucesivas etapas de este desarrollo histórico han forzado a las fuerzas políticas del país a definir, con mayor o menor claridad, su postura frente a un acontecimiento tan relevante. Y efectivamente, en el transcurso de las últimas décadas, diferentes lecturas del período se han disputado la hegemonía de la interpretación histórica de este pasado reciente. ¿Cuáles fueron las razones del golpe? ¿Por qué fue derrotado el gobierno de la Unidad Popular? ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de esa experiencia? Estas son sólo algunas de las preguntas que, desde el inicio de la dictadura militar en los setenta hasta la consolidación de una democracia neoliberal en los noventa, han ido formulándose los actores políticos más relevantes de este país. Y es en base a las respuestas a dichas preguntas que se han tomado muchas de las decisiones políticas más importantes de las últimas décadas.

A continuación examinaremos tres lecturas históricas que han intentado explicar las razones del golpe de Estado y cómo aquellas se han concatenado con una particular forma de entender la coyuntura política en que se desenvolvieron. Creemos que en el actual contexto chileno de masivas movilizaciones sociales y anhelos de cambio político, un examen de estas lecturas podría ayudarnos a elaborar nuevas perspectivas e interpretaciones en torno a nuestro pasado reciente. Una nueva etapa política como la que hoy se abre exige imperativamente una nueva forma de mirar la experiencia histórica de la Unidad Popular y, evidentemente también, sus lecciones para el presente. Pues como bien lo sabía Antonio Gramsci en su intento de explicar las causas del descalabro del movimiento popular italiano, las derrotas del pasado alumbran (o pueden alumbrar) las victorias del futuro.1

La lectura dictatorial: las razones del golpe

Durante gran parte de los años dictatoriales (1973-1990), la lectura hegemónica en torno a las razones del golpe fue la necesidad de acabar con el “caos” desatado por el gobierno de Salvador Allende. Es lo que en otras palabras el historiador norteamericano Steve J. Stern ha denominado una “memoria de la salvación”, aludiendo a una de las formas en que la memoria colectiva en torno a dichos años es hilvanada.2 Desde esta perspectiva, lo esencial al momento de explicar el derrocamiento de Allende se encuentra en el nivel de polarización política e ideológica, desbarajuste económico y violencia social alcanzado en el período 1970-1973, y en la necesidad de “salvar” al país.

Una de las tradicionales acusaciones que la derecha chilena de los años setenta hizo al gobierno de la Unidad Popular (UP) fue su supuesta intención de establecer un “régimen totalitario”, tomando como modelo a los denominados “socialismos reales” de la URSS y Europa oriental. Así, interpretando las decisiones de Allende en clave exclusivamente ideológica, no consideró relevantes los matices existentes entre los diferentes modelos de socialismo, especialmente en lo que se refiere al papel de la democracia en los procesos de transición hacia una nueva sociedad. En efecto, desde un principio la UP estableció que su estrategia para avanzar hacia una sociedad socialista se llevaría a cabo en el largo plazo y asumiendo las herramientas propias de la “democracia liberal”. Desde esta perspectiva, la experiencia de la UP está emparentada con la denominada “vía pacífica” al socialismo, defendida por el Partido Comunista de la URSS desde 1956 como guía rectora del actuar político de los comunistas no pertenecientes a países del bloque soviético.3

De este modo, la implementación del programa de gobierno de la UP fue atacado por la derecha política, especialmente por el Movimiento Gremialista y el Partido Nacional4, como un camino hacia la supresión de las libertades individuales y la posibilidad cierta de una guerra civil. Así fue interpretado, por ejemplo, el proyecto de reforma educacional emprendido por Allende, el cual buscaba generar un proceso de descentralización en la administración de la educación pública y una mayor vinculación entre la esfera educativa y el mundo del trabajo.5 Así fue entendido también el proceso de nacionalización de industrias estratégicas, proceso que muchas veces se vio superado por las expectativas del propio movimiento obrero chileno, el cual “ocupó” empresas que no se consideraban parte del proceso de estatización de la economía propuesto por la UP.6

En el ámbito económico, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) chilenas comenzaron a realizar un diagnóstico crítico de la situación meses antes del golpe de Estado. En un documento elaborado por el llamado “Grupo de los 15”, conjunto de altos oficiales que conformaron el núcleo primigenio de la conspiración que acabaría derrocando a Allende, se destacaba “la caída de la producción, especialmente en las áreas agrícolas y mineras, lo cual había derivado en desabastecimiento, caída de las exportaciones, con la consiguiente contracción de las divisas, y una espiral inflacionaria considerada como catastrófica”.7 De dicho diagnóstico, emanaban proyecciones que destacaban el abismo al que se acercaba la economía chilena y la debilidad internacional que aquello implicaba, tema de especial relevancia para los militares. No es esta la ocasión de evaluar el carácter de dichas críticas, pero creemos que su verosimilitud es inseparable de la consideración de elementos más estructurales, como el carácter dependiente de la economía latinoamericana y sus recurrentes crisis durante todo el tercer cuarto del siglo XX, o más coyunturales, como el objetivo declarado del presidente norteamericano Richard Nixon de “hacer gritar a la economía chilena”. Lo relevante aquí es el lugar que ocuparía este diagnóstico en una determinada lectura política del golpe militar.

Un tercer argumento que se emplearía para juzgar al gobierno de Allende sería el nivel de violencia social y política que se desató durante estos años. Las críticas se dirigirían principalmente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización política ajena a la Unidad Popular que buscaba conducir un tránsito al socialismo por la “vía armada”, tomando como referente a la Revolución Cubana. De acuerdo a la oposición de centro y derecha, el MIR habría ejercido actos de violencia política impunemente durante aquellos años, favoreciendo un potencial escenario de guerra civil. Las situaciones de violencia derivadas del proceso de reforma agraria, entre otras cosas, se sumarían como blancos de aquellas críticas.

De este modo, la polarización político-ideológica, el caos económico y la violencia social desatada, justificarían la intervención de las FF.AA. para poner término a una situación que amenazaba con destruir los cimientos de la convivencia nacional. Esta lectura favorecería así la justificación histórica de los militares, generando las condiciones propicias para el establecimiento y consolidación de un proyecto refundacional; a la larga, este proyecto sería autoritario en lo político y neoliberal en lo económico. Por lo demás, la amenaza del caos, la violencia y el “totalitarismo” generaría un discurso capaz de justificar las violaciones a los derechos humanos –ejecuciones, torturas y desapariciones- llevadas a cabo durante los 17 años de dictadura militar. En palabras de Stern: “¿Y la violencia desde el estado? O no pasó; o pasó como problema de excesos esporádicos y hasta provocados y no como política de gobierno; o pasó pero era un costo social necesario, lamentable pero necesario, para salvar el país”.8

La lectura de los derrotados: el vacío histórico

Las lecturas históricas que aquí estamos reseñando no implican necesariamente una invención o una mentira, sino más bien una determinada problematización del período en cuestión. La polarización política, el desorden económico y la violencia efectivamente fueron fenómenos que tuvieron lugar durante el gobierno de la UP (del mismo modo en que lo hicieron, en mayor o menor grado, durante gobiernos anteriores y durante la dictadura militar posterior). Sin embargo, su importancia, connotación, gravedad e interpretación derivó directamente de los objetivos de las fuerzas políticas opositoras a la UP, las cuales sustentaban proyectos nacionales incompatibles con el que defendía Salvador Allende. Esto explica que la lectura inicial que la derrotada izquierda chilena, desde la clandestinidad o el exilio, hizo del golpe militar tuviera como eje elementos distintos a la de los golpistas: su atención se centró en las razones de la derrota o el fracaso del proyecto de la UP.

El Partido Comunista (PC), defensor acérrimo de la “vía pacífica” y de la necesidad de tender puentes con el centro político9, consideró el golpe de Estado como una derrota para la izquierda chilena. Sin embargo, la definición del carácter de esa derrota fue variando en algunos aspectos durante los años de dictadura, haciendo oscilar también su estrategia de lucha contra el gobierno militar.

Inicialmente, el PC consideró la caída de la UP como una derrota política. En una polémica abierta en 1975 contra el MIR, partidario de la lucha armada contra la dictadura, los comunistas planteaban que “no hay ni puede haber una correlación de fuerzas en el nivel militar favorable, que garantice el éxito del proceso revolucionario, si no se construye una correlación de fuerzas política favorable, vale decir, si no se consigue aunar a las fuerzas revolucionarias fuerzas sociales mayoritarias frente a las que logren agrupar los enemigos del pueblo. Y fue la consolidación de esa condición previa, necesaria, lo que no conseguimos en el período de Gobierno Popular y lo que determinó, básicamente nuestra derrota”.10 De este modo, el PC insistía en su política de alianzas amplias con el centro político y de lucha no armada, pues precisamente en el fracaso en lograr la realización de la misma residían las causas de la derrota de la UP. Esto implicaría que durante toda la década de los setenta, los comunistas siguieran una línea moderada de lucha contra la dictadura: el llamado “Frente Antifascista”.

Sin embargo, tras la realización del Pleno del Comité Central del PC de 1977 comienza a gestarse una reactualización del diagnóstico de la derrota que tendrá importantes consecuencias prácticas en los años venideros. En efecto, en el informe final del Pleno se plasma por primera vez la tesis del “vacío histórico” de la izquierda chilena como una de las principales explicaciones de la caída de la UP. Este vacío hacía referencia a la carencia de una política militar en la estrategia de los partidos de la UP, es decir, en la incapacidad de considerar los factores de la violencia política y el rol de las FF.AA. en un proceso revolucionario del carácter que intentó llevar a cabo Salvador Allende. Esta readecuación de la lectura histórica de la derrota tendrá consecuencias prácticas importantísimas, pues sentará las bases del cambio de línea política que, en la década de los ochenta, llevará a cabo el PC en su lucha contra la dictadura.11

De este modo, a comienzos de dicha década se comenzará a concretar, a partir de los análisis y las experiencias de los comunistas en la clandestinidad y en el exilio, una reformulación de la estrategia política. En aquellos años, la revolución islámica en Irán y la revolución sandinista en Nicaragua habían comenzado a resaltar el rol de la violencia política y de las insurrecciones de masas como un camino realista de lucha contra las inconmovibles dictaduras apoyadas por el gobierno de Estados Unidos. Dicho escenario internacional, sumado a una serie de cambios en la cultura comunista y a la mencionada relectura de las razones de la derrota, dio luz al surgimiento de una nueva línea política, que otorgaba un lugar especial al factor militar y a la violencia de masas en la lucha contra la dictadura. Es lo que se denominó la estrategia de “rebelión popular de masas”, una de cuyas ramificaciones fue la constitución de la primera organización armada en la historia del PC: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Fue con esa política con la que los comunistas enfrentaron el renacimiento de los movimientos sociales de oposición a la dictadura, intentando conducirlos en una lucha que, en última instancia, buscaba derrocar al dictador mediante una amplia insurrección de masas, apoyada por acciones militares puntuales del FPMR. El clímax de esta estrategia llegó en 1986, cuando el FPMR llevó a cabo un frustrado atentado contra la vida del general Pinochet. A partir de entonces comenzaría a ganar fuerza una alternativa distinta para salir de la dictadura: una “transición pactada” entre los sectores moderados tanto de la dictadura como de la oposición. Como veremos, una estrategia política tan distinta debió fundarse, entre otras cosas, en una nueva lectura de la crisis de la Unidad Popular.

La lectura de la transición: consenso y renovación

Si la interpretación golpista se fundó en el caos del gobierno popular y la de los comunistas derrotados lo hizo en las deficiencias históricas del proyecto de la UP, la lectura de la transición se erigiría en torno a un específico campo de análisis: el sistema de partidos. Pues para los defensores de la “transición pactada” serían los partidos, y sólo los partidos, no el movimiento popular, el actor principal en la estrategia de salida del gobierno dictatorial. Por lo mismo, las razones de la derrota de la UP se circunscribirían a un fenómeno más amplio, el “quiebre de la democracia”, o el fracaso del sistema de partidos para dar respuesta a las crisis políticas del período.

En un clásico estudio de 1988, el politólogo Arturo Valenzuela sentó las bases de esta clásica lectura del golpe de Estado.12 Para Valenzuela, las raíces de la crisis se encontraban en el alto grado de polarización político-ideológica alcanzado por el sistema de partidos, una institución caracterizada históricamente por su moderación y su capacidad de alcanzar amplios consensos. Esta polarización se explicaba por la existencia de fuertes partidos en los “extremos”: los comunistas y socialistas en la izquierda, y los liberales y conservadores en la derecha. A pesar de todo, el sistema se mantenía estable gracias a la existencia de un centro político flexible, no ideológico y capaz de alcanzar consensos tanto con la izquierda como con la derecha. Entre 1938 y 1964 este centro político estuvo representado por el Partido Radical (PR), quien sucesivamente fue capaz de gobernar el país con socialistas y comunistas, y con la derecha política.

Sin embargo, durante la década de los sesenta, los radicales serían reemplazados por la emergencia de un centro político ideológico y con proyecto histórico propio: la Democracia Cristiana (DC). Esta rigidización del centro impediría, así, alcanzar los acuerdos y transacciones propias de un sistema de partidos estable, ayudando a los extremos a fortalecerse. Finalmente, este mismo centro demócrata-cristiano se vería arrastrado por la lógica polarizadora, dividiéndose entre un ala izquierdista partidaria del proyecto de cambios estructurales emprendido por el gobierno de Salvador Allende: dando origen al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y a la Izquierda Cristiana (IC); y un ala derechista que se sumaría a la oposición al gobierno de la UP y finalmente apoyaría la salida golpista.13

Existen diferentes variantes historiográficas de esta explicación de la crisis, pero los ejes principales en torno a los cuales se desarrolla siguen siendo los mismos. Desde nuestra perspectiva, además, dichos ejes se entroncan con una actitud política muy específica en la década de los ochenta: la decisión de negociar una transición pactada a la democracia con los sectores “blandos” de la dictadura. Una transición que, a la larga, mantendría los elementos esenciales del modelo político y económico.14

¿Cuáles fueron estos ejes? En primer lugar, la centralidad de los partidos políticos; específicamente, de la capacidad de éstos para alcanzar consensos. De este modo, la lectura histórica de la caída de la UP establecería una desigual distribución de las culpas: mientras el centro sería responsable de no alcanzar acuerdos, los partidos “extremos”, tanto de izquierda como de derecha, serían los culpables del fenómeno de fondo: la polarización.15 Una interpretación como esa sentó las bases para dos perspectivas de análisis características de la transición a la democracia: primero, que el golpe de Estado surgía de una responsabilidad compartida por parte de la derecha y la izquierda chilena; y segundo, que un proyecto de salida pactada de la dictadura exigía la exclusión de aquellos partidos que no se comprometieran con un consenso estable de centro-izquierda, es decir, la marginación de partidos como el PC y el MIR, pues ambos, como hemos mencionado, apostaban por una línea de insurrección de masas, violencia política e incluso lucha armada para derrotar a la dictadura. Por lo demás, la centralidad de los partidos concibió el rol de los movimientos sociales como un mero malestar anómico, incapaz de representar una alternativa viable de conducción política.

Un segundo eje de esta lectura histórica fue el contenido de los consensos: a partir de ahora, los proyectos político-ideológicos de los partidos no deberían apostar a una transformación estructural de la sociedad, sino a la elaboración de un “gran acuerdo” que garantizase orden político, estabilidad económica y paz social.16 Esto implicaba, sin embargo, la conformación de una alianza política capaz de darle gobernabilidad al país y, al mismo tiempo, respetar los acuerdos alcanzados con los sectores “blandos” de la dictadura: la preservación de la Constitución pinochetista de 1980 y la aceptación del modelo económico neoliberal. Esta alianza la llevaron a cabo la Democracia Cristiana, que se ajustó sin mayores traumas a los nuevos lineamientos político-económicos, y algunos ex miembros de la Unidad Popular, que pasarían a ser conocidos como el “socialismo renovado”. Juntos lograrían exitosamente excluir a los movimientos sociales y la izquierda radical del protagonismo en los años de la transición (1988-1990).

El “socialismo renovado” estaba constituido principalmente por un sector del Partido Socialista (PS), aquel que paradójicamente se había caracterizado en los años de la UP por un discurso radical y rupturista, promotor de una transición rápida al socialismo. Sin embargo, en 1979 dicho sector inició un proceso de renovación ideológica que implicó, entre otras cosas, una reformulación del concepto de socialismo: asociado desde entonces a un cambio permanente y no a la construcción de una sociedad futura; un reemplazo del objetivo de la revolución por el de la democratización; una superación de la identidad clasista del partido; y, finalmente, el reemplazo del eje comunista-socialista por el eje centro-izquierdista. Esta renovación permitió una confluencia estratégica basada en una particular lectura de la derrota de la UP: ésta habría sido más bien un fracaso del proyecto histórico de la izquierda chilena, asociada a la construcción de una sociedad socialista por un sujeto clasista protagónico: el proletariado. De este modo, la derrota política era sólo una expresión superficial del fracaso ideológico del marxismo; lo que vincularía a la “renovación socialista” con el proceso de crisis de las izquierdas mundiales, que tendría como punto culminante la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la URSS.17

De este modo, la transición a la democracia chilena se asoció a una alianza de centro izquierda, la Concertación de Partidos, constituida en torno al consenso de demócrata-cristianos y socialistas renovados, en un proyecto que preservaría lo fundamental del orden socio-económico y político generado por la dictadura. Todo esto fue posible gracias a una lectura histórica de la derrota o fracaso de la UP que ponía el énfasis en la necesidad de un consenso partidario de centro-izquierda y una renovación político-ideológica del socialismo.

Conclusión: lecciones de una derrota

No es el objetivo de este artículo la exhaustividad en torno a la multiplicidad de análisis políticos e historiográficos que se han llevado a cabo sobre las causas de la derrota del gobierno de Allende. La bibliografía es abundante y casi imposible de abordar por un investigador individual y en un espacio como este. Nuestro interés era demostrar cómo un acontecimiento tan relevante en la historia reciente de Chile siguió marcando el ritmo de las diversas fuerzas políticas del país, obligándolas a detenerse en una lectura particular del golpe de Estado para que, de ese modo, pudieran justificarse sus acciones futuras. Así sucedió con los golpistas, los comunistas y los actores protagónicos de la transición pactada: la Democracia Cristiana y el socialismo renovado.

Resulta fundamental, por ende, que en un contexto como el actual, en el que no sólo en Chile, sino en todo el mundo, se produce un auge de los movimientos sociales, las actuales generaciones vuelvan a revisitar la riqueza de una experiencia de transformación radical de la sociedad como lo fue el gobierno de la Unidad Popular. Es importantísimo extraer lecciones políticas de su auge, desarrollo y derrota. Pues a partir de ellas podremos saber qué cosas debemos revivir y qué cosas enterrar definitivamente al momento de emprender un nuevo viaje hacia la construcción de un mundo más justo e igualitario.

Cinco elementos nos parecen fundamentales para iniciar la reflexión: en primer lugar, ¿cuál es la validez actual de la dicotomía reforma y revolución que tantos conflictos y desencuentros ha generado en la izquierda chilena y latinoamericana? En segundo lugar, ¿cuál es la actitud que deben poseer los partidarios del cambio profundo de la sociedad hacia aquellos promotores de un progresismo moderado? En otras palabras, ¿cuál debe ser la actitud de la izquierda hacia el centro político? ¿Cómo evitar la dicotomía entre el aislamiento y la fusión ideológica con aquellos que no apuestan por una modificación sustancial del statu quo? En tercer lugar, ¿cómo enfrentar efectivamente el problema del poder en las sociedades capitalistas contemporáneas? Un problema del que la experiencia de la UP puede entregar muchas enseñanzas, pues parte de su derrota se debió a su incapacidad de detectar el verdadero lugar del poder en la sociedad chilena: su caída no la produjo una elección, sino la acción de las FF.AA. En cuarto lugar, ¿cuáles deben ser las características de la sociedad futura, es decir, del “socialismo del siglo XXI” o cómo quiera llamársele? Y en último lugar, pero no menos importante, ¿cómo puede favorecer la identidad latinoamericana al éxito de un proyecto de liberación que herede los principales anhelos de la Unidad Popular?

Hay más preguntas que respuestas en estas primeras décadas del siglo XXI, pero al menos hemos podemos afirmar que la experiencia histórica vivida por la izquierda chilena, especialmente el gobierno de la Unidad Popular, debe seguir y seguirá siendo revisitada como una permanente fuente de sueños, lecciones y esperanzas para quienes se asumen, de uno u otro modo, como sus herederos.

Juan Pablo Vera Yáñez. Universidad Popular de Valparaíso

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Bibliografía

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  • WINN, P. Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo, Santiago, Lom Ediciones, 2004.

1 Como es sabido, Gramsci desarrolló esa investigación en sus famosos Cuadernos de la Cárcel.

2 Steve J. Stern ha teorizado la existencia de una serie de “memorias emblemáticas” en torno al golpe de estado de 1973, definiendo a estas como un marco de referencia dentro del cual se explican y comprenden las memorias y relatos particulares. “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998)”, en Mario Garcés, et. al. (compiladores), Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX, Santiago, Lom Ediciones – Eco Educación y Comunicaciones – Universidad de Santiago de Chile, 2000; pp. 11-33.

3 Esta perspectiva estratégica fue desarrollada en detalle en una intervención de A. I. Mikoian el 16 de febrero de 1956, en el contexto del XX Congreso del PCUS. En él manifestaba claramente que “en las condiciones actuales surge la posibilidad real de que determinados países pasen al socialismo por la vía pacífica”. Citado en Marcelo Casals, El alba de una revolución. La izquierda y el proceso de construcción estratégica de la “vía chilena al socialismo”, 1956-1970, Santiago, Lom Ediciones, 2010; pp. 58-59.

4 Muchos miembros de estas agrupaciones políticas hoy ocupan importantes cargos ministeriales en el actual gobierno derechista de Sebastián Piñera.

5 Este proyecto se denominó Escuela Nacional Unificada, y fue utilizado como blanco de una ofensiva ideológica de la derecha chilena pocos meses antes del golpe de estado. Juan Pablo Vera, “La ENU como representación de la lucha político-ideológica durante la Unidad Popular”, en Revista Divergencia N° 1, año 1, enero-julio 2012. Edición digital consultada el 20/03/2013: http://www.revistadivergencia.cl/ediciones/enero_junio_2012/05_la_enu_como_representacion.php

6 Uno de estos casos se encuentra detallado en Peter Winn, Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo, Santiago, Lom Ediciones, 2004.

7 Verónica Valdivia, El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980, Santiago, Lom Ediciones, 2003; pp. 102-103.

8 Steve J. Stern, op. cit.; p. 15.

9 Durante el gobierno de la UP, el Partido Comunista (PC) fue el principal impulsor de una vía de entendimiento con el principal partido de centro del sistema político chileno: la Democracia Cristiana (DC). En términos generales, esta era también la opinión del propio Salvador Allende.

10 Informe de la Dirección clandestina del PC titulado El ultraizquierdismo, caballo de Troya del imperialismo, fechado en septiembre de 1975. Citado en Rolando Álvarez, Desde las sombras: una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980), Santiago, Lom Ediciones, 2006; p. 130.

11 Ídem; pp. 250-252.

12 Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile, Santiago, FLACSO, 1988. Las principales herramientas teóricas de esta interpretación provienen de los estudios del cientista político italiano Giovanni Sartori. Valenzuela, de nacionalidad chilena y estadounidense, sería nombrado en 2009 como Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos Occidentales por el presidente de EE.UU. Barack Obama.

13 El otro partido centrista, el Radical, también sufriría una fractura similar entre partidarios y opositores de la “vía chilena al socialismo”.

14 El acontecimiento más llamativo de esa transición pacta fue la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988, recientemente popularizado por la película “NO”. Sin restar méritos artísticos a dicha obra cinematográfica, creemos que no presenta el proceso de fondo que significó la negociación previa a la salida pactada.

15 Esta perspectiva del “empate moral” al momento de evaluar las responsabilidades de la crisis es similar a la “teoría de los dos dragones” de Ernesto Sábato, en que se buscaba distribuir equitativamente las culpas entre la izquierda y los golpistas argentinos.

16 Estos eran los objetivos de la transición democrática según Edgardo Boeninger, uno de los ideólogos de la salida pactada de la dictadura y ministro del primer gobierno de la Concertación. Edgardo Boeninger, Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1997; pp. 25-36.

17 Luis Corvalán Márquez, “Surgimiento de nuevas identidades en la historia política reciente. El caso del Partido Socialista de Chile”, en Revista Mapocho N° 38, segundo semestre de 1995; pp. 153-172.

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